La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los vertidos incontrolados de basura en el vertedero de la Basseta Blanca, situado en Riba-roja de Túria, con el objetivo de dilucidar posibles acciones penales y civiles por un presunto delito contra el medio ambiente. Esta decisión se toma tras admitir a trámite una denuncia interpuesta por la junta local de gobierno de Riba-roja „formada por PSPV, Compromís y EU„ a principios del pasado mes de abril.
La planta de la Basseta Blanca funcióno duante diez años, desde 1983 hasta 1993, cuando fue cerrada por orden municipal. No obstante, se calcula que aún alberga en sus dependencias más de 800.000 toneladas de residuos sólidos procedentes de los municipios del cinturón metropolitano de Valencia que fueron gestionados por la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), dependiente de la Generalitat Valenciana.
No obstante, el gobierno local asegura que entre 1993 „fecha de la firma del decreto del alcalde„ y 1996 „sentencia del Tribunal Supremo„ se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte del EMTRE «de forma absolutamente ilegal y provocaron un perjuicio ecológico notable en este paraje que ahora estamos pagando sobradamente con el deterioro de la zona».
Peligro para los acuíferos
La preocupación del Ayuntamiento de Riba-roja creció todavía más ante los resultados de un informe técnico geológico y químico que constataba la existencia de arsénico, cromo y níquel en niveles superiores a las referencias legales marcadas por el decreto 9/2005. Ante ello, fuentes municipales han expresado su «temor» a que los restos de lixiviados (líquidos que surgen a partir de los restos orgánicos) hayan podido filtrarse a los pozos y acuíferos de agua existentes en la zona mediante las escorrentías que se forman por las carreteras.
Esta situación llevó al consistorio a denunciar ante el ministerio público «el abandono que esta zona emblemática presenta actualmente». Asimismo, recuerdan que desde que dejó de funcionar en 1993 hasta ahora no se ha presentado ningún plan de limpieza y regeneración de la partida «a pesar del creciente proceso de degradación» que sufre.
«Las muestras obtenidas con los estudios científicos demuestran un riesgo potencial para los posibles usuarios humanos o ecológicos por la presencia de estas sustancias peligrosas hasta el punto de que se recomienda un estudio hidrogeológico posterior para conocer el origen y las características físico-químicas de las aguas detectadas en los sondeos previos realizados», insisten desde el ayuntamiento.
Por otra parte, la propia junta de gobierno acordó remitir toda la información de este informe geológico al EMTRE para que procediese a la descontaminación del área afectada, así como al sellado de la instalación ante el riesgo de contaminación de los acuíferos cercanos. A su vez, enviaron una copia anexa a la Conselleria de Medio Ambiente como órgano superior para que obligase a la EMTRE a acometer este proyecto de rehabilitación o, en su defecto, a asumirlo directamente la Generalitat como responsable civil subsidiaria.
