Sagunt y la Conselleria de Medio Ambiente han advertido de que Lafarge solo podrá extraer caliza en monte público (en la zona actual) durante diez años más. Las dos administraciones se basan en la Ley de Patrimonio (dominio público) para establecer esta limitación, ya que la norma recoge que los bienes públicos y demaniales sólo podrán ocuparse por 75 años; un tiempo que expiraría para la cementera en 2027, ya que la primera ocupación data de 1952, según ha adelantado la concejala de Presidencia del ayuntamiento y diputada autonómica, Teresa Garcia.
Todo este supuesto se daría si finalmente la conselleria concediera la ocupación de monte público solicitada por Lafarge dentro del perímetro actual de extracción, una nueva zona en la que se solo se podría actuar durante una década más.
Ante esta situación, a la empresa solo le quedarían dos alternativas para mantener su actividad, según la concejala; o ampliar hacia la zona de margas, a lo que se opone el tripartito, que ya ha avanzado que declarará ese perímetro como paraje natural para garantizar su protección, o buscar nuevas opciones de cantera en otros lugares, «preferiblemente agujeros ya hechos frente a abrir otros nuevos», comenta. Para ello, la diputada ha presentado en Les Corts una batería de consultas para conocer los recursos mineros que existen en 30 kilómetros alrededor de Sagunt.
Respecto a la concesión de ocupación de monte público solicitada por la empresa para garantizar su continuidad, «es voluntad de ambas instituciones que continúe realizándose esta actividad extractiva y pueda ampliarse su concesión hasta el 2027, si bien el director general de Medio Ambiente, Antoni Marzo, ha puntualizado que esta «deberá ajustarse al marco legal y las condiciones técnicas».
La concejala, por su parte, ha insistido en el papel municipal de este proceso y en trabajar por resolver «todas las cuestiones que permitan extraer hacia abajo en el Salt del Llop, incluyendo los intereses de los vecinos y las molestias que la actividad causa».
El ayuntamiento, pese a su «voluntad a que se continúe excavando hacia abajo», no ha querido pronunciarse sobre si dictaminará a favor de que se le conceda el permiso para seguir ocupando el monte púbico, ya que «antes hay que negociar con la empresa varios asuntos», explicaba la edila. Entre ellos, «la temporalidad» de la nueva concesión.
Según Garcia debe garantizarse que la restauración de la cantera se hará dentro de los diez años. Pero además, «debe estudiarse todavía el proyecto de restauración, ya que se ha detectado que la empresa se ha salido a lo ancho del perímetro, lo que tiene unas consecuencias sobre los bienes naturales que hay que valorar».
La autorización está pendiente del informe de la Abogacía de la Generalitat. Una vez emitido, se dará audiencia al ayuntamiento.
