Los ayuntamientos de Llíria, Benissanó y la Pobla de Vallbona quieren poner fin a un conflicto que les une en torno a la red de suministro de agua potable desde hace más de 15 años. Por ello, los alcaldes de las tres localidades, Manolo Civera, Amparo Navarro y Josep Vicent Garcia, se reunieron ayer para sentar las bases que permitan saber quién es el propietario de cada uno de los pozos e infraestructuras de esta red.

El problema surge desde que cada una de estas localidades otorgó las concesiones de gestión del agua potable por separado, cuando tenían una infraestructura común. Las dos empresas concesionarias del servicio actualmente, Hidraqua y Aqualia, mantienen una pugna por la propiedad de pozos, tuberías, depósitos y otras instalaciones, que derivan de una sentencia judicial dictada de 2007 que, según reconoce Civera, «es difícil de interpretar jurídicamente».

Los tres consistorios han iniciado una serie de conversaciones para conciliar sus posturas y determinar, según la instancia judicial, a quién debe pertenecer cada una de las instalaciones en cuestión. De este modo también pretenden desactivar los distintos pleitos que hoy en día todavía están en marcha.

En el momento en que las concesiones otorgadas por cada municipio finalicen, la propiedad de las instalaciones pasará directamente a los ayuntamientos. Por ello, para evitar que el conflicto se incremente en el futuro, los equipos de gobierno han iniciado esta ronda de conversaciones.