Las urbanizaciones de El Tochar, Mont Blau y Ton Ferrer se construyeron en Torres Torres hace más de treinta años pero, pese al tiempo transcurrido, siguen carentes de servicios a la espera de que el ayuntamiento las recepcione, las asuma como propias y se haga cargo de su mantenimiento.
Cerca de 300 familias viven en estas urbanizaciones padeciendo problemas de alumbrado, sin una instalación eléctrica en condiciones. Tienen la red viaria sin terminar a falta de calles por pavimentar, sin aceras. También hay carencias en alcantarillado a excepción de El Tochar pues aunque Ton Ferrer tiene red, no está conectada a la municipal.
Las aguas residuales son el mayor de los problemas de las tres urbanizaciones. Mientras Ton Ferrer y Mont Blau vierten a pozos ciegos, El Tochar cuenta con una «decantadora» que permite separar los sólidos de los líquidos aunque estos últimos se vierten al barranco.
Precisamente, estas prácticas han llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a tramitar varios apercibimientos y denuncias.
A todos estos problemas se suma «la falta de mantenimiento por parte del ayuntamiento», lo que ha generado una degradación de las urbanizaciones que ha llevado a los vecinos a decretar un «basta ya». De entrada, aprovecharon el último pleno de Torres Torres para recordar a la clase política que llevan 30 años pidiendo soluciones a su situación que, según ellos, les hace estar en «el olvido, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda».
Los residentes han denunciado públicamente que llevan tres décadas pagando el canon de saneamiento sin tenerlo y el impuesto de bienes inmuebles (IBI) sin que éste revierta en las zonas donde viven.
Sin embargo, la situación tiene una complicada solución, como aseguran desde el consistorio. Pese a que en la sesión se planteó la posibilidad de recepcionar las obras, esto no llegó a aprobarse, ya que la aceptación implicaría hacerse cargo del mantenimiento de unas zonas que no están en las mejores condiciones; un compromiso económico al que a día de hoy no puede hacer frente la administración local, según se argumentó, puesto que hay que adaptar las infraestructuras al marco legal actual cuyo coste sería altísimo.
El arquitecto del ayuntamiento se pronunciaba en esa dirección recordando que la recepción de las obras no se hizo en su momento porque la urbanización no estaba bien hecha y había deficiencias que subsanar que no se resolvieron.
