Los ayuntamientos españoles tienen la obligación de empadronar como vecinos a cualquier persona, sea cual sea su situación jurídica y la de la vivienda en la que reside, incluso si la casa ha sido ocupada ilegalmente y existe un proceso de desahucio en marcha.
Así lo ha establecido la Unidad del Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), en respuesta a Ana Morell, concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Oliva que se interesó por el problema de muchas familias de la localidad cuya petición de empadronamiento había sido rechazada. En la mayoría de los casos esa negativa se debía a que la vivienda en la que aseguraban residir era propiedad de un banco y estaba ocupada ilegalmente.
A la petición de información solicitada por la concejala Morell, el INE responde de forma clarísima. Si el solicitante de empadronamiento no es propietario de la casa en la que reside, ni tiene contrato de alquiler de la misma, el propio ayuntamiento tiene que aceptar otros documentos, como las facturas del suministro de luz y agua. Y añade que si ni siquiera dispone de esos papeles, se podrá comprobar mediante informes de la Policía Local o del departamento de Servicios Sociales si, efectivamente, esa persona o esa familia residen allí. Y en ese caso, tendrá que ser empadronada.
Dice el INE en la carta remitida a Morell que «el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino, independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, de las circunstancias físicas, higiénico sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio». Con esa explicación queda claro que el Padrón municipal se limita a certificar en qué lugar reside una persona o una familia y, a partir del documento, poder acceder a derechos que son inalienables, como sería la educación de los hijos, la asistencia sanitaria en caso de necesidad, la prestación de ayudas sociales o la posibilidad de votar en unas elecciones.
El alcalde acepta la petición
Con la respuesta del INE, Morell remitió un escrito al alcalde de Oliva, David González, solicitándole que modificara el procedimiento de inscripción en el padrón y registrara a todas las personas, previa comprobación de su residencia en la ciudad. Efectivamente así ocurrió y González, al margen de elevar una consulta oficial al director del INE en la provincia de Valencia, dio instrucciones a la Policía Local para que iniciara las comprobaciones oportunas «con el fin de agilizar los trámites» y proceder al empadronamiento en el momento en que, formalmente, el INE corroborara esos argumentos. Esa carta llegó hace unos días y, como se esperaba, certifica que se debe actuar de esa manera.
La instrucción ya ha tenido consecuencias más allá de Oliva. Según ha podido saber este periódico, también en Gandia se ha modificado el procedimiento y hace dos semanas ya se registró a una persona que carecía de los documentos solicitados para empadronar, después de que se comprobara que ese era su lugar de residencia habitual.
