En febrero, el Ayuntamiento de Xàtiva inició una investigación interna para revisar 28 facturas pendientes de pago de la etapa del exalcalde Alfonso Rus por un importe de 313.000 euros. Los recibos en cuarentena, registrados entre 2014 y 2015 en el consistorio, responden a obras y servicios materializados sin consignación presupuestaria o encargados por el anterior ejecutivo sorteando la ley de contratos. Nueve meses más tarde, la corporación municipal sigue deshojando la margarita.
Por un lado, el equipo de gobierno declaró en julio la caducidad del expediente de revisión de facturas a instancias del Consell Jurídic Consultiu, que en un dictamen se pronunció de manera favorable al pago de las cantidades reclamadas por cuatro empresas, puesto que el servicio está a fin de cuentas prestado. En caso contrario, la administración podría verse abocada a los tribunales, condenada a pagar más cantidad de la inicialmente exigida. El organismo no apreció riesgo de incurrir en un alcance contable.
Por otro lado, la intervención municipal mantiene los reparos que puso inicialmente al reconocimiento de las facturas en el informe que dio pie al proceso de revisión, a principios de año. Este departamento advierte de que tendrá que informar al Tribunal de Cuentas en caso de que los recibos con anomalías obtengan luz verde. En el equipo de gobierno también hay división de opiniones, aunque todo apunta a que finalmente el ayuntamiento terminará abonando la totalidad de los importes pendientes bajo la fórmula de la indemnización patrimonial. Fuentes del área de Hacienda precisan que no hay otra salida. En un principio, el consistorio no cumpliría con la transferencia de oficio, sino que extremaría los plazos hasta que las empresas iniciaran los trámites previos a la reclamación por vía judicial para dar la orden de pago.
28 facturas bajo cuestión
El grueso de la cuantía en tela de juicio corresponde a los 214.286 euros girados por Egevasa en 2014 a raíz del descomunal incremento del caudal adquirido por el Ayuntamiento de Xàtiva del pozo de esta mercantil para garantizar el abastecimiento de la población, tras las averías que sufrió el principal canal de suministro de agua potable. La relación también incluye 14 recibos emitidos por el proveedor del sistema de censado canino de ADN „21.843 euros„ por trabajos encargados por el exedil del área al margen del contrato, cuando el pliego ya había vencido, así como los sobrecostes derivados de reparación del canal de agua de Bellús o unas obras de urgencia en una calle.
Aunque no se trata de grandes cantidades, los gestores políticos no quisieron hacerse responsables de ratificar el pago con su rúbrica por si los recibos incurrían finalmente en causas de nulidad. En la misma línea de extremar la cautela, el equipo de gobierno pidió a los técnicos que firmaron los pagos que justificaran quién ordenó los trabajos en la recta final de la anterior legislatura a pesar de no contar con dotación presupuestaria y por qué, con el propósito de evaluar posibles responsabilidades y perjuicios.
Los técnicos tuvieron que diseñar la liquidación definitiva de los contratos y proponer la indemnización a satisfacer a las empresas. Los jefes de cada área emitieron una serie de informes, de los cuales no pudo demostrarse la existencia de «negligencia grave» detrás de las facturas bajo cuestión.
