El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja que lidera el alcalde socialista Robert Raga informó ayer que el Síndic de Comptes ha detectado «diversas irregularidades contables en el presupuesto del año 2014», entre las que cabe destacar «pagos sin justificar por valor de 2,4 millones de euros que se arrastran desde el año 2002 en cada una de las cuentas municipales». El actual tripartito „PSPV, Compromís y EU„ achaca estos «pagos sin consignación», que no se han aclarado desde hace al menos 14 años, «a la gestión de los gobiernos del exalcalde Francisco Tarazona, del PP, del que formaba parte también la actual portavoz municipal popular, María José Ruiz».

El organismo fiscalizador valenciano ha anunciado al ayuntamiento que trasladará «estas deficiencias e irregularidades halladas en las cuentas investigadas en Riba-roja hasta el Tribunal de Cuentas, máximo órgano de fiscalización del Estado», al constatar que de los hechos analizados «se aprecian indicios de posible responsabilidad contable». Estas deficiencias están incluidas en un exhaustivo informe sobre la situación financiera del consistorio de 2014 del que ya se ha hecho eco Levante-EMV y que investiga «las contrataciones públicas, el inventario de bienes y operaciones económicas, entre otras».

La institución dependiente de la Generalitat incluso, va más allá y recuerda que en una fiscalización de 1999 «ya se puso de manifiesto la existencia de un saldo contable de pagos sin consignación por un importe similar al que figura en 2014». Por su parte, la concejala en la oposición Mª José Ruiz, del PP, trasladó a este periódico la alegación que ha presentado su formación al Tribunal de Comptes. En ella, se achaca esa cantidad de más de 2,4 millones a gastos sin justificar heredados por los populares cuando entraron a gobernar en 1995 y que provendrían del ejecutivo socialista anterior. La alegación remitida en nombre de Paco Tarazona, exalcalde del PP dice: ««Durante los años que he presidido el Ayuntamiento de Riba-roja nunca se han efectuado pagos sin consignación presupuestaria por lo que siempre se ha presumido que dicha cantidad refleja pagos sin consignación efectuados con anterioridad a 1995, pero debido a la situación económico-financiera que este alcalde se encontró cuando entró a gobernar en 1995 fue imposible realizar las averiguaciones para esclarecer los pagos efectuados sin consignación que como refleja el borrador de informe ascienden a 2,4 millones de euros». La situación referida es que, afirma Ruiz: «El consistorio tenía 47.000 pesetas en la caja, y debía 2.000 millones de las antiguas pesetas», concluyó.