La contratación de una asesora en la Pobla de Vallbona ha provocado un nuevo cruce de acusaciones entre el actual equipo de gobierno y la exalcaldesa del PP, Mari Carmen Contelles. A juicio de la actual portavoz en la oposición, «es tal el cúmulo de irregularidades detectadas en esta contratación, una asesora encubierta, que desde el Partido Popular se están preparando las acciones legales pertinentes». Según Contelles, «el ayuntamiento ha permitido el incumplimiento de contrato y ha pagado con el dinero de todos los vecinos por un servicio que no se ha realizado pese a constar en 11 facturas diferentes y desembolsar más de 30.000 euros.».
Para la portavoz popular, Mari Carmen Contelles, «estamos ante una contratación irregular y opaca; y debemos añadir que se ha producido una declarada malversación del dinero público».
El gobierno encabezado por el alcalde de Compromís, Josep Vicent Garcia, indica Contelles, «ha contratado de manera irregular y encubierta durante 11 meses a una profesional externa por más de 30.000 euros, que ni siquiera ha cumplido con los establecido en el contrato y las facturas cobradas». La opacidad es otra constante en este gobierno, continúa la munícipe ya que «hace más de mes y medio que solicitamos una copia de este expediente y seguimos sin haberlo recibido». En este primer año y medio el cuatripartito, «ha destacado por la masiva utilización de asesorías externas a dedo, en detrimento de la oferta pública de empleo o la contratación con publicidad», subraya la regidora.
Respuesta del cuatripartito
Por su parte, el actual ejecutivo local de la Pobla de Vallbona considera que la contratación de esta asesora «se ajusta totalmente a la legalidad». «Se trata de una contratación menor y la ley permite que sea una adjudicación directa», dijo un portavoz.
Además, «durante nuestra gestión no ha habido ningún informe negativo de los técnicos, de secretaria ni intervención relativo a los contratos realizados». En lo que afecta a la finalización del contrato en julio de 2016, la concejal de Hacienda y responsable de contratación, Iris Marco afirma que el pliego de condiciones para licitar el contrato «ya estaba a punto, pero el nuevo secretario del ayuntamiento interpretó que debía ser cubierto con personal laboral y se optó por esta vía».
La concejal Iris Marco lamenta que el PP busque prácticas irregulares donde no existen y asegura que «encadenar contratos menores fue una práctica habitual durante su gestión». Durante 8 años, «se sucedieron contratos menores con un profesional concreto cuyo importe total superaba el que ahora critican».
Por último, «no puede haber malversación de fondos públicos ya que no existe ninguna irregularidad en el contrato. La Cuenta General de 2015 avala todos los contratos realizados», significó.
