El gobierno de Riba-roja de Túria ha encargado a la Universitat de València una auditoría laboral con el objetivo de regularizar la situación de los trabajadores de su ayuntamiento, de los que detectó recientemente que el 40 por ciento (144 de 343) se encontraban clasificados como interinos pese a llevar más de diez años contratados.
Este estudio, que supondrá un coste de 37.000 euros según fuentes municipales, aportará una radiografía exhaustiva sobre la situación administrativa de los 343 empleados del consistorio.
A raíz de los resultados que arroje la auditoría laboral y en función de las opciones que aporte el estudio, el equipo de gobierno de Riba-roja, formado por PSPV, Compromís y EU y encabezado por el socialista Robert Raga, ha anunciado que procederá a regularizar la situación de estos trabajadores interinos o temporales para así evitar que estén expuestos a los «caprichos» de los gestores políticos.
La ejecutiva de Riba-roja señaló a los anteriores dirigentes del PP como los responsables de estos datos como consecuencia de una política laboral basada en el «clientelismo». Por su parte, la portavoz del PP, María José Ruiz, justificó que la crisis y la legislación les ataron las manos y que por entonces la oposición jamás se preocupó por los interinos.
