El alcalde de Chiva, Emilio Morales, ha suspendido de empleo y sueldo y le ha abierto un expediente disciplinario al intendente principal jefe de la Policía Local de su municipio por la supuesta comisión de distintas faltas graves y muy graves que supondrían una «dejación de funciones». Esta medida tendrá una duración máxima de seis meses, en los que se le retirará al jefe de policía la placa y el arma, mientras se tramita el expediente.

El ayuntamiento ha solicitado al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) la propuesta de dos funcionarios de la policía para su nombramiento como instructor y secretario de este procedimiento.

Morales asegura que el jefe de la policía no presentó a la alcaldía la Memoria Anual del cuerpo de los años 2014 y 2015 y le acusa de patrullar de paisano en vez de con uniforme «sin el permiso correspondiente». Otro argumento consiste en que el responsable de policía pidió al alcalde que impusiera que todos los agentes del cuerpo depositaran sus armas reglamentarias en el armero de la Policía Local tratando de confundir un «riesgo psicosocial» con el de «aptitud psicofísica». Por último, añade que el jefe destituido asignó a sus agentes una serie de tareas contra una orden de la Junta de Gobierno en que se reorganizaban las funciones del cuerpo y no presentó ninguna propuesta de mejora de esta reordenación, aunque así se lo habían requerido.

Por su parte, el hasta ahora jefe de la policía aseguró ayer a Levante-EMV que no ha cometido ninguna de esas faltas y que los argumentos dados por Morales son «verdades a medias o manifiestamente falsos», y anunció que presentará un recurso por una decisión que le supone «un gran perjuicio personal y profesional por abuso de poder».

Así, señaló que las Memorias Anuales que le exigen fueron enviadas por correo electrónico a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y que incluso se encuentran físicamente en papel en las oficinas de la Policía Local, pero que la alcaldía nunca se las reclamó. Además, asegura que patrulló como agente de paisano con el permiso del alcalde hasta que éste le exigió que llevara el uniforme, mientras que pidió al primer edil que retirara las armas a los agentes en virtud de un informe psicosocial que le presentaron para redistribuir el cuerpo, ya que este último es quien tenía competencias para ello.