La Conselleria de Agricultura ha reclamado más de 393.905 euros a dos entidades de la Hoya de Buñol-Chiva y de Utiel-Requena correspondientes a ayudas que fueron subvencionadas de forma supuestamente fraudulenta con fondos provenientes de Bruselas. En concreto del Fondo Feader, dentro del programa Ruralter-Leader.
Uno de los expedientes administrativos que ha dado por concluido Agricultura es el que sirvió para construir el Espai Jove de Chiva, que recibió en los ejercicios de 2011 y 2012 sendas anualidades de 147.500 euros. En total, el departamento dirigido por Elena Cebrián exige a la Asociación de Interior Hoya de Buñol-Chiva un total de 316.908 euros, cifra que incluye la subvención mencionada más los intereses de demora.
Los otros dos expedientes que ha remitido Agricultura a otra entidad, la Asociación Llano de Chiva a la Plana de Utiel, se refieren a los gastos de funcionamiento cuando operó como Grupo de Acción Local, en los ejercicios de 2011 y 2012. En ambas anualidades, Agricultura exige la devolución de 39.442,76 euros (de 2011) y 37.554, 41 euros, de 2012. Por tanto, el Llano de Chiva tiene que retornar a las arcas públicas 76,997 euros.
Estas ayudas eran aportadas por la Generalitat en un 62,55%; por Bruselas en un 36,5%; y por el Ministerio de Medio Ambiente el 1% restante.
El abogado que representa al unísono a la Asociación de Interior Hoya de Buñol-Chiva y a la Asociación del Llano presentó en su momento alegaciones a la primera reclamación, la más cuantiosa, argumentando que los hechos que han motivado la decisión de Agricultura se están juzgando en una causa penal abierta en un juzgado de Valencia, por un delito de presunta prevaricación. Por tanto, el letrado ha solicitado que se paralice el procedimiento administrativo, es decir, la devolución del dinero, hasta que no se pronuncie el juez que ve el caso.
Además, los responsables políticos de la actual Asociación de Interior y de la Asociación del Llano no tienen nada que ver con los que motivaron la investigación de la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (OLAF) y a los que podrían achacarse las presuntas irregularidades detectadas por los inspectores de Bruselas. En el caso de la subvención para construir el Espai Jove el informe de la OLAF es determinante para Agricultura que lo asume como propio para concluir que pudo haber irregularidades y que hay que retornar el dinero cobrado. De hecho, las actuales directivas de la Asociación de Interior y del Llano se han personado como parte acusadora en el pleito abierto en el juzgado de Valencia contra exaltos cargos de Agricultura del PP y contra los exalcaldes del PP que dirigían estas dos entidades.
Ante la reclamación efectuada por la actual Conselleria de Agricultura por valor conjunto, en los tres expedientes, de cerca de 394.000 euros, las dos entidades afectadas pueden recurrir a los tribunales por vía de lo contencioso-administrativo o en recurso de reposición ante la denominada Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, que es la institución dependiente de la Generalitat que entregaba las subvenciones.
En todo caso, fuentes de estas dos asociaciones, mostraron su preocupación a Levante-EMV porque no tienen esos fondos en sus cuentas y difícilmente podrán hacer frente a estas reclamaciones si el dinero no lo aportan los ayuntamientos y las entidades que están representadas en estos GAL, con el consiguiente quebranto que ello supondría para los municipios y colectivos de la Hoya de Buñol-Chiva y de Utiel-Requena afectados. El problema decían las mismas fuentes «requiere una solución jurídica a corto y medio plazo pero a largo plazo sólo podrá resolverse con una solución política auspiciada por la propia Generalitat».
