El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha consignado una partida de 80.000 euros en el juzgado de manera cautelar para pagar al exfutbolista y ex director deportivo del Valencia CF, Suso García Pitarch, por ocupar unos terrenos de la mercantil Touessrok de este último para ampliar su cementerio municipal.

El consistorio dirigido por Josep Vicent Garcia (Compromís) ha tomado esta medida a la espera de un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), tras el cual espera poder reducir la cantidad inicialmente pactada en 2009 por el pasado gobierno del PP y García Pitarch de unos 19.000 euros al año. No obstante, el empresario, nacido en este municipio del Camp de Túria, tampoco está de acuerdo con esa cifra y abrió un contencioso administrativo en el que llega a reclamar al consistorio alrededor de 100.000 euros anuales por usar sus terrenos para el camposanto.

El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando se evidenció que el ayuntamiento necesitaba ampliar el cementerio municipal, que se había quedado pequeño. El Plan General de Ordenación Urbana solo daba dos opciones, de las que el equipo de gobierno dirigido entonces por Mari Carmen Contelles argumentó que eligió la de los terrenos de García Pitarch por ser la alternativa más barata. Tras años de negociaciones, la ejecutiva local y el empresario llegaron en 2009 a un acuerdo de ocupación, que no expropiación, por alrededor de 19.000 euros al año. Una cantidad con la que ahora mismo ninguna de las dos partes está conforme.

Según señaló recientemente a este diario García Pitarch, el acuerdo con el consistorio daba dos años de carencia para que le permutaran unos terrenos equivalentes. Al no haberlo hecho, reclama una compensación por la ocupación, que tasa en casi 100.00 euros, que podrían suponer a las arcas municipales un desembolso cercano a los 600.000 euros.

Todo lo contrario opina el alcalde, Josep Vicent Garcia, ya que el suelo no ha sido expropiado sino que está siendo ocupado y sigue siendo propiedad de García Pitarch. «No tenemos inconveniente en pagar, sino en pagar lo que no toca. Discutimos acerca de cómo se ha hecho el cálculo para llegar a esa cifra, por eso pedimos el informe del Consell Jurídic Consultiu», explicó a Levante-EMV, tras considerar que los 19.000 euros anuales son excesivos. Respecto a los 80.000 euros consignados en el juzgado, incidió en que «es una medida cautelar, ya que estamos esperando a ver si el Jurídic valida nuestro recurso».