Una decena de hurones, tres de ellos muertos, fueron encontrados en un criadero ilegal de Chiva en condiciones higiénicas deplorables y con signos de desnutrición en septiembre de 2015. Sus propietarios fueron juzgados ayer por un delito continuado de maltrato animal en un juzgado de lo Penal de València. Ambos reconocieron los hechos y aceptaron una pena de 18 meses de prisión para cada uno de ellos.
Los hechos fueron denunciados por la asociación Huronlife tras tener conocimiento a través de una red social de la situación en la que se encontraban estos animales, sin alimento ni agua limpia y en jaulas llenas de heces. La propia acusada explicaba en un anuncio que daba en adopción a los hurones tras finalizar la relación con el otro acusado. La protectora se hizo cargo de las mustelas, aunque tres de ellas ya habían muerto por falta de alimentación.
Los animales estaban «en un deficiente estado de salud, con alopecia, delgadez y atrofia muscular, así como con infecciones bacterianas, debido todo ello a una inadecuada e insuficiente alimentación y limpieza», como así lo sostenía la Fiscalía de Medio Ambiente, que también solicitó la inhabilitación de tener animales por un plazo de cuatro años.
Los acusados poseían en septiembre de 2015 en una vivienda de la urbanización Los Felipes de Chiva un criadero de hurones carente de cualquier autorización administrativa. Según ha quedado acreditado tras el propio reconocimiento de los hechos por parte de los condenados, los animales estaban «en condiciones higiénicas deplorables, en jaulas llenas de heces, sin alimento ni agua limpia, y sin el adecuado control veterinario».
Tres de los hurones fueron hallados muertos, entre ellos dos cachorros, y otros siete estaban en un «deficiente estado de salud», por falta de alimentación y limpieza. Uno de ellos «presentaba abundantes parásitos, onicosis generalizadas en varios dedos, traquioniquia u onicodistrofia con paroniquia bacteriana, onicomicosis generalizada, pérdida de visión del ojo izquierdo e infecciones crónicas».
El Juzgado de lo Penal número dos de València condena a cada uno de los dos acusados a una pena de 18 meses de prisión, aunque no deberán de ingresar al carecer de antecedentes y ser una pena inferior a dos años. Además les impone la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, y para la tenencia de los mismos por un plazo de cuatro años.
