El Consell deberá hacerse cargo de la demolición de los edificios «Gemelos 28», ubicados en Benidorm, de 22 plantas cada uno, así como de las indemnizaciones para los propietarios de los 168 apartamentos de lujo, que engloban el precio que pagaron por los inmuebles más un incremento del 20 %. Así lo sentenció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 8 de noviembre, a través de un fallo que desgrana los pormenores de una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que declaró ilegal la construcción de estas torres de edificios.
La reacción por parte de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio no se ha hecho esperar y la máxima dirigente de esta cartera, la consellera María José Salvador ha manifestado que estamos ante «un caso más de la ruina en diferido que han dejado los anteriores gobiernos del PP». Cabe recordar que la construcción de estos gigantes urbanísticos se llevó a cabo en 2005 rodeada de polémica puesto que se hallan en zona de servidumbre de protección de costas.
La decisión de levantar estos edificios fue tomada por la Conselleria competente en materia urbanística dirigida en ese momento por José Ramón García Antón. El Ministerio de Medio Ambiente, por entonces bajo el mandato de Cristina Narbona, advirtió de lo ilegal de esta acción y, pese a ello, una vez conselleria autorizó la construcción, el ministerio interpuso un recurso contencioso-administrativo en contra de la decisión.
En el año 2012 el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de la resolución de la Generalitat, por infracción de la Ley de Costas y ahora,después de una larga tramitación del incidente de ejecución de la sentencia, cuyas consecuencias «han intentado ocultar a la opinión pública los gobiernos del Partido Popular para tapar sus vergüenzas», según comentó la Conselleria de Vivienda a Levante-EMV, la justicia obliga a la Generalitat a hacerse cargo de los gastos de la demolición de las torres, de la indemnización a los propietarios que supone el precio que estos pagaron por los inmuebles a la promotora incrementado en un 20 %. Según explican desde la conselleria, los dueños de los apartamentos de lujo son en su mayoría de nacionalidad rusa, de países árabes y otros países de Europa.
Para la titular de Vivienda, este caso concreto debe sumarse a la «hipoteca urbanística dejada por la mala tramitación de planes generales en la anterior etapa» y que en su conjunto supone una «herencia envenenada dejada por los populares».
Las críticas por parte del Consell se han dirigido también hacia la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, a la que acusa de ser conocedora de la situación legal en la que encontraba el asunto y que durante su etapa al frente de la conselleria con competencias en el asunto «eludió hacer cualquier tipo de referencia al tema».
Por otra parte, el Consell asegura que desde la Abogacía de la Generalitat se ha tratado «minimizar o atemperar al máximo las consecuencias de esta resolución judicial». También se ha anunciado que se ha interpuesto un recurso de reposición y aseguran que «se están estudiando todas las acciones legales que quepan para ello» aunque dejan claro que resultará «complejo» eludir la orden de demolición de las edificaciones.
Ilegal desde 2012
La promotora de estas construcciones fue la mercantil Edificaciones Calpe, propiedad del constructor Andrés Ballester, y tras el duro varapalo recibido por el Tribunal Supremo, que declaraba ilegal la construcción, no dudó en anunciar que llevaría a cabo todo tipo de acciones legales con el propósito de evitar su demolición.
Incluso en aquellos años, la alcaldesa de Benidorm perteneciente al Partido Popular, Gema Amor, defendía la corrección del proyecto y eludía cualquier tipo de responsabilidad tanto por parte del ayuntamiento como de la mercantil. Como publicaba este periódico en 2012: «siempre se ha actuado según la legalidad y en cumplimiento de las diferentes sentencias judiciales en relación con la construcción de las torres», afirmaba Amor.
