El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 6 de València ha estimado como «ajustada a derecho» la reducción de los salarios de los ediles liberados del gobierno de San Antonio de Benagéber aprobada por el pleno municipal en noviembre de 2016 y que el alcalde no había aplicado a la espera del dictamen judicial tras presentar un recurso. Esto supondrá que los dos concejales con dedicación exclusiva de San Antonio de Benagéber deberían devolver entre ambos alrededor de 24.000 euros que habrían cobrado de más durante el casi año y medio en que no se ha aplicado la medida aprobada por el pleno.
Esta situación tiene su origen en noviembre de 2016, cuando el equipo de gobierno de la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB) llegó a un acuerdo con la concejala del PSOE, Marta Retamosa, para que se incorporara a su ejecutiva. El alcalde, Enrique Santafosta, llevó a pleno un aumento del coste de sueldos para incorporar a la edila socialista con dedicación completa y a otra concejala de su partido a media jornada, que se sumaban a otros dos salarios anteriormente aprobados.
Sin embargo, AISAB y PSOE gobiernan en minoría, y la oposición, encabezada por Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, aprobó una enmienda a la propuesta que contemplaba una reducción de los sueldos de los concejales liberados de unos 27.000 euros al año a 18.000. Asimismo, también aprobaron otra merma de las dietas a cobrar por los concejales y una subida de la consignación a los grupos políticos. Con esa propuesta, Plataforma-Guanyem SAB-Compromís defendía que se ahorraban unos 50.000 euros al año que pedían que se destinaran a fines sociales.
Contencioso-administrativo
Sin embargo, el alcalde Santafosta no aplicó el acuerdo. En primer lugar, expuso alegaciones al plenario que fueron desestimadas y, tras ello, presentó un recurso al contencioso-administrativo. Mientras tanto, los dos ediles anteriormente liberados siguieron cobrando 27.000 euros anuales en lugar de 18.000.
Ahora, el juez ha declarado como «ajustada a derecho» la modificación aprobada por el pleno por la que se reducía el salario de los concejales liberados. Ante ello, los ediles deberían devolver el dinero de más cobrado desde que el pleno aprobó la medida, lo que supondría una cifra alrededor de los 24.000 euros entre los dos afectados -entre los que no se encuentra el alcalde, que no está liberado-.
Por otra parte, el magistrado estima como nulas las otras dos modificaciones aprobadas por el pleno respecto a la reducción de las dietas de los concejales y el incremento de la asignación económica a los grupos políticos, al no encontrarse ninguno de los dos puntos en el orden del día.
El alcalde, Enrique Santafosta, anunció ayer a este diario que recurrirá la medida judicial al entender que el juez no ha valorado la enmienda como una única unidad. Por su parte, el portavoz de Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, Ramón Orozco, criticó al munícipe porque «ha intentado retrasar todo lo posible la aplicación de este acuerdo legal del pleno». «Deseamos que se apliquen las nuevas retribuciones y que, como ya propusimos entonces, el ahorro se destine a fines sociales», concluyó Orozco.
