Un término sembrado de ilegalidad

Más de 5.000 chalés ilegales están esparcidos por todo el término municipal de Montserrat. La cifra da una idea del alcance de la permisividad de las Administraciones competentes y de la astucia de vecinos y promotores. El gobierno local (PP-Aigua) se ha propuesto atajar esta situación, consolidada tras décadas de inacción. Tras impulsar la demolición de dos chalés y abrir expediente a otras 17 construcciones, el gobierno sostiene que, ante todo, defenderá la legalidad urbanística.

Mª José Villalba, Alzira
Compraban una parcela en terreno no urbanizable, ya que el precio por metro cuadrado era más barato que en las superficies urbanizables, y con el dinero que se ahorraban al no pagar ni el proyecto ni la licencia de obras podían abonar la denuncia que les imponía el ayuntamiento por levantar una vivienda en un terreno en el que legalmente no podían hacerlo. Esta picaresca es la que tramaban los propietarios de las cerca de 5.000 viviendas ilegales que están construidas en el término de Montserrat, tal y como argumenta la alcaldesa, Laura Sanjuán.
La primera edil (PP) confía en que el derribo de dos chalés ilegales que se aprobó por unanimidad en el último pleno de la corporación -que supondrá por primera vez en Montserrat convertir en escombros una vivienda ordenada fuera de la ley- disuadirá a muchos propietarios que tenían pensado construir una vivienda en un terreno no urbanizable: « Hasta ahora se les advertía de que era ilegal e incluso, en algunos casos, se les multaba, pero como nunca llegaba a ejecutarse la demolición, se confiaban y continuaban construyendo », explica la alcaldesa. Amenazas a un edil El concejal de Territorio, Joan Garcia Perales, de la Agrupació Independent General d'Urbanitzacions i Associacions (Aigua), afirma que « una procesión » de propietarios de viviendas ilegales acuden habitualmente a su despacho pidiéndole que respete sus construcciones, incluso antes de que se aprobara asolar dos chalés. « Algunas veces han llegado a amenazarme », indica.
Durante la anterior legislatura, en la que Josep Maria Mas (Gent d'Esquerres) presidía el consistorio, no se derribó ninguna construcción ilegal. Pese a ello, el ex alcalde alega que « en ningún momento se bajó la guardia » de las inspecciones de obras.
« Se abrieron varios procesos de multas coercitivas y se llevaron por la vía penal, ante el juzgado de Picassent, varios expedientes de derribo », defiende Mas. Según dice el ex alcalde, la primera sentencia de uno de estos casos ha dictado 6 meses de prisión para su promotor.
El Partido Popular, que en la anterior legislatura no apoyó la propuesta que elevó al pleno el entonces alcalde Josep Maria Mas para instruir varios expedientes de demolición, justifica ahora el cambio de actitud en la nueva legislación urbanística de la Comunitat Valenciana. « Entonces los plazos administrativos eran muy largos y cuando iban a ejecutar la demolición ya había prescrito la infracción que había cometido el dueño de la construcción », explica Antonio Campos, quien entonces estaba en la oposición y ahora integra el equipo de gobierno.