Nerea Soriano, Castelló
Según fuentes del caso, el juez y el fiscal jefe, Javier Carceller, preguntaron por un local propiedad de Marina d´Or y en el que la mujer del alcalde, Rafael Albert, tiene una tienda de decoración. Ger aseguró que «el local lo tiene en alquiler a precio de mercado y que Marina d´Or no ha contratado la prestación de su servicio sino que la firma tiene su propio departamento de decoración».
Las partes, que incidieron sorbe todo en la relación de Ger con el alcalde y el edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, también preguntaron a Ger por el viaje que se hizo a Londres y Paris para inaugurar una nueva sede de Marina d´Or y a los que asistió el alcalde de Orpesa, Rafael Albert. El empresario alegó en su defensa que «a estos viajes fueron invitados unas doscientas personas entre alcaldes de otros municipios, concejales y demás autoridades españolas y extranjeras» y que a Albert se le invitó «como máximo representante de Orpesa», según las mismas fuentes.
En relación al edificio Kivu, las mismas fuentes explican que «se decidió dejarlo fuera de ordenación porque así lo querían la mayoría de los propietarios» y añaden que Ger explicó que «la empresa tiene un comité de urbanismo al que él no asiste» y por ello también desconocía que «la cédula de urbanización que dio el Consell estuviera condicionada a ningún otro informe», según fuentes del caso.
Asimismo, Jesús Ger expuso al fiscal que Marina d´Or cuenta con una plantilla de más de 3.000 trabajadores, de los que muchos residen en el municipio, por lo que consideró factible que puedan tener alguna actividad de compraventa con la empresa Por su parte, uno de los querellantes, Emili Sanchis, ha anunciado que piensan pedir pruebas sobre «la compra de un chalet por parte de la secretaria del ayuntamiento así como de la tienda que la mujer del alcalde tiene en Marina d´Or».
Junto al propietario de la empresa adjudicataria del Programa de Actuación Integrada (PAI) de les Amplàries de Orpesa, Jesús Ger, también prestaron declaración ayer en el juzgado de instrucción número dos de Castelló la ex concejala de Hacienda, Consuelo Mallach, y el ex edil no adscrito José Manuel Ribes, por un presunto delito de prevaricación urbanística y tráfico de influencias
Según fuentes cercanas al caso se ha podido saber que Ribes reconoció en su declaración
Por su parte, Mallach, pese a que por recomendación de su abogado evitó hacer declaraciones al respecto, sí que manifestó su tranquilidad en este caso alegando que no estuvo presente en el pleno en el que se aprobó el programa les Amplàries.
