EUROPA PRESS
La Generalitat estudia aprobar una orden por la que se regulen los obstáculos que existen en el recorrido de la vía pública durante la celebración de los 'Bous al carrer' con el fin de aclarar qué elementos suponen un peligro y, además, desarrollará un reglamento sobre festejos taurinos que solucione ciertas cuestiones que son "alegales" o no resuelve el actual decreto.
Así lo indicó el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras presidir la Comisión Consultiva de 'Bous al carrer' de la Comunitat Valenciana celebrada hoy, en la que, además, informaron sobre la memoria de estos festejos durante 2007, así como la comparación entre los cuatro meses que concentran la mayoría de festividades de la Comunitat, entre junio y septiembre de 2007 y 2008.
Castellano explicó que la nueva orden pretende aclarar los conceptos de obstáculos referidos en el artículo 33/3 del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat Valenciana, que prohíbe la existencia de vehículos o contenedores de basuras, pero otros elementos como las pirámides entabladas que se ubican para "protección o diversión" eran "elementos alegales".
De esta forma, se pretende aclarar qué son elementos peligrosos y determinar, entre otras cosas, los elementos que pueden o no ser movibles. Para ello, se realizará un estudio de las medidas de seguridad que deben tener y "serán los expertos y técnicos los que tendrán que analizar las vías de salidas y evacuación de los participantes" para que "las medidas sean razonables y adecuadas, y se minimice el riesgo".
Asimismo, la comisión ha decidido elaborar un nuevo reglamento que recoja las cuestiones que no tienen cabida en el Real Decreto anterior que regula los festejos taurinos, como el diámetro de las plazas, los problemas en la autorización de espectáculos y plazas portátiles.
Según Serafín Castellano, se pretende crear una "norma adecuada a la realidad de la Comunitat Valenciana" para "compatibilizar la garantía de la máxima seguridad de las personas con el respeto a los animales, y dar normativa a cuestiones con lagunas legales" en una apuesta por la "pervivencia y potenciación" de estas fiestas tradicionales. En este sentido, aseguró que las actas de inspección, que cifró en 66 referidas a 13 municipios de Alicante, no se convertirán en expedientes sancionadores ya que en el momento de su realización, los obstáculos a los que se referían eran alegales.
Respecto a la memoria de 2007, resaltó que 302 municipios solicitaron la celebración de 'Bous al carrer', lo que supone el "55 por ciento del total de localidades de la Comunitat", con un total de 6.024 festejos, de los que el 56 por ciento se celebraron en Castellón, el 37 por ciento en Valencia mientras que el 7 por ciento fue en Alicante.
En cuanto a la modalidad de los festejos, el 74 por ciento se refirieron a 'Bous embolats' y vaquillas, el 17 por ciento de 'Bous cerrils', y el resto se repartió en encierros, 'Bous a la mar' y recortadores, entre otros. En comparación con el año actual, entre junio y septiembre de 2007 se autorizaron 1.918 días festivos mientras que en el mismo periodo fueron 1.939; mientras que el número de festejos se ha incrementado en un 1,2 por ciento al pasar de 4.819 en 2007 a 4.878 en 2008.
"FESTEJOS DE RIESGO"
Preguntado por si se ha debatido sobre la muerte de cuatro personas durante la celebración de 'Bous al carrer' este verano en la Comunitat, Castellano argumentó que "son festejos de riesgo" que "tienen un número de heridos y fallecidos que son inherentes a su celebración" pero que "en esta comunidad tienen el decreto más exigente y completo de España". Además, indicó que las estadísticas de fallecidos son variables y no mantienen una progresión.
Castellano aseguró que los propios organizadores son "los primeros en autoexigirse el cumplimiento de la normativa" para la pervivencia de la tradición y que, en esta cuestión, "utilizar la demagogia es una irresponsabilidad. De esta manera, en respuesta a los periodistas sobre la petición del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, de una reflexión sobre la moratoria de la normativa hasta 2010, afirmó que "las cosas hay que pedirlas si se tiene conocimiento de causa".
Así, consideró que Peralta "unió sus declaraciones a los cuatro fallecimientos" algo que calificó de "irresponsable y una carga política que no es sensata, prudente ni razonable". Al respecto, aseguró que el decreto, respecto a las medidas de seguridad, "está aplicándose desde la última modificación de 2007".
Para Castellano, "hacer unas declaraciones basadas en esa cuestión me parece demagógico e irresponsable o, en su caso, que están hechas desde la ignorancia de lo que se habla porque las medidas de seguridad se aplican todas" y las modificaciones y nuevas normativas se refieren a "cuestiones que mejoran la seguridad".
En este sentido, explicó que se da un plazo "lógico" para cambiar estas medidas, puesto que tienen un coste económico y sería un "planteamiento ridículo" pedir que estos cambios --referidos a dimensiones de plazas y a vallas, entre otras-- se lleven a cabo de manera inmediata. Según matizó, "este gobierno hace leyes para que se cumplan y sean posibilistas y no para ganar dos titulares de prensa y quedar bien ante la galería pero saber que luego no se pueden cumplir".
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