Los ex diputados piden la paga de las Corts

El órgano rector de las Corts, presidido por Milagrosa Martínez, tiene encima de la mesa una decena de peticiones de ex diputados para cobrar la pensión parlamentaria. Las solicitudes se presentaron entre 2007 y 2008, a partir de la aprobación del reglamento, pero ha sido ahora cuando la Mesa del Parlamento las ha vuelto a examinar una vez se ha despejado judicialmente la polémica norma. A Martínez le quema el asunto en las manos, sabedora de la impopularidad de la decisión, máxime en tiempos de crisis. Pero la institución no puede demorar mucho más la materialización de todos los beneficios incluidos en el Reglamento de pensiones (un calco, mejorado en algunos puntos, del que existe en el Congreso y en el Senado). Si la institución ya puso en marcha el abono de los finiquitos a los parlamentarios que no repitieron en 2007, ahora queda la cuestión de las pensiones parlamentarias.

Los ex diputados tendrán al jubilarse derecho a una paga de las Corts que complemente la oficial con el fin de asegurarles que llegarán al 80% de la pensión máxima, si suman entre 7 y 9 años de mandato; el 90%, entre 9 y 11; y el 100%, más de 11 años. Como la pensión máxima este año es de 2.441,75 euros mensuales, los ex diputados de las Corts que cuenten con al menos 7 años de mandato se asegurarán 1.953,4 euros.

Entre las peticiones que la Mesa de las Corts tiene entre manos figura la del ex líder de Alianza Popular y ex dirigente de Unió Valenciana, Manuel Giner Miralles, presidente durante muchos años de Nisa, la firma que gestiona hospitales privados como el 9 d'Octubre, Virgen del Consuelo y Valencia al Mar. Fue parlamentario tres legislaturas (1983-1995), por lo que le corresponde la paga máxima. Como declara una pensión pública de 776 euros, la Cámara debería abonarle 1.665 euros. Otra petición es la del ex parlamentario del PP y abogado que ganó el pleito por la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunt, Juan Marco Molines. Éste ya consiguió, antes de que se aprobara el Reglamento de pensiones, que las Corts le pagaran a la Seguridad para que pudiera completar los 15 años de periodo mínimo de cotización. En enero de 2007 ya reclamó la pensión parlamentaria alegando que su paga es de 565 euros. Como cuenta con dos legislaturas, las Corts le tienen que garantizar hasta los 1.953 euros.

Otro nombre destacado es el de Salvador Sanchis Perales, con acta entre 1983 y 1987, y que comunica una paga oficial en 2007 de 624 euros. En consecuencia, la Cámara tendría que pagarle 1.329 euros. Luis Torregrosa, diputado socialista de Alicante entre 1982 y 1995, cuenta con una pensión de 950 euros, por lo que el Parlamento, si cumple todos los requisitos, debería abonarle 1.491 euros.

Otro ex parlamentario del PSPV, Félix Rodríguez, dejó de ser miembro de las Corts en 1991. Hace meses solicitó la pensión parlamentaria. Al percibir 1.405 euros, le corresponderían 548 para completar el 80% de la paga máxima. En el caso de Joaquín Nebot, parlamentario socialista de Castelló con tres legislaturas (1982-1995), ha tramitado la jubilación anticipada. Al disponer de una paga de 1.555 euros, se le debería compensar con otros 886 euros. Juan de Dios Leal, parlamentario socialista alicantino que no repitió tras los comicios de 2007, también ha presentado solicitud. Como sólo cuenta con una legislatura, cuando cursó el escrito se acogió a otro artículo del Reglamento para solicitar que se le mantenga de alta en la Seguridad Social hasta completar el periodo mínimo de cotización.

Ni el patrimonio ni

Si el patrimonio personal no inhabilita -al igual que en las Cortes Generales- para cobrar la paga parlamentaria, tampoco la condición de tránsfuga. José Garés fue diputado del PSPV dos legislaturas (1987-95) pero hacia el final de la tercera (1985-99) se convirtió en tránsfuga tras abrazar el zaplanismo. Ahora ha pedido también la paga de las Corts.

Antes de aprobarse el Reglamento de pensiones, las Corts tenían un acuerdo con la Seguridad Social mediante el que podían, si lo estimaban oportuno, capitalizar el periodo que le faltara a un ex integrante de la Cámara para que pudiera cobrar pensión. En el caso del ex dirigente de UV, el desparecido Filiberto Crespo, le denegaron la petición al considerar entonces que contaba con patrimonio como para que las Corts tuvieran que abonarle nada.

A la espera del segundo informe del coste

La Mesa está a la espera de recibir varios informes antes de poner en marcha el abono de las pensiones parlamentarias. Entre ello, el segundo estudio que se encargó a Aseval sobre el coste de la medida. La institución quiere saber exactamente cuánto supondrá la medida, entre otras cosas, para digerir su impacto mediático. El primer informe, que cifraba el gasto total entre 15,9 y 28,3 millones, resultó escandaloso. Pero la Cámara consideró que el cálculo se había hecho sobre bases exageradas (sin tener en cuenta la situación real en la Seguridad Social de los ex diputados, unos datos que no facilitó a al aseguradora) y encargó a la firma que corrigiera las cifras. Una vez cuente con este estudio, el siguiente paso será decidir la privatización de la gestión de las pensiones. Las últimas seis peticiones cuantificadas supondrían un desembolso mensual de al menos 7.300 euros, 102.000 al año. En las Cortes Generales una estimación cifró en 14 millones máximo el coste de la medida.

Al ex alcalde socialista de Riba-roja, Juan Antonio Toledo, se le ocurrió "arreglarle" la pensión a una limpiadora del ayuntamiento (por los años que trabajó sin contrato) y, tras denunciarlo el PP, lo condenaron a tres años.