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Levante-EM/Efe, Valencia/Bussigny
El PP aseguró ayer que ninguno de los detenidos en la operación contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales ha trabajado para el partido desde que Mariano Rajoy es presidente. Fuentes populares remarcaron que la dirección nacional del partido no se ha posicionado aún al respecto porque la investigación sigue su curso, se encuentra en «secreto de sumario» y los detenidos continúan prestando declaración en dependencias policiales. Desde que Rajoy preside el PP, a finales de 2004, la empresa Special Events no ha trabajado para el partido, del mismo modo que los otros detenidos carecen de cualquier vínculo con aquellos eventos que los populares han organizado durante los últimos cuatro años, subrayaron.
Las mismas fuentes explicaron que Rajoy, aunque sí sabe quién es Correa, no le conoce, toda vez que a lo largo de su trayectoria política, especialmente cuando dirigió algunas campañas electorales anteriores a 2004, no tramitaba personalmente la contratación de determinadas empresas para organizar ciertos actos. José María Lasalle, diputado por Cantabria y miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, pidió ayer una «actuación contundente» por parte del partido en el caso de que «exista vinculación entre cargos públicos» y la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En declaraciones a la Cadena Ser, el dirigente del PP apuntó cuáles son las medidas que, en su opinión, deberían adoptarse: «Evidentemente, esas personas desaparecerán del partido»
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo en una entrevista en la Cope que quienes estén implicados en delitos de tráfico de influencias, soborno y fraude, «tendrán qué vérselas con la justicia», aunque recalcó que, por las informaciones que se tienen hasta este momento, «ninguno de los detenidos es afiliado al PP».Esteban González Pons, apuntó alto y acusó al PSOE de utilizar la Fiscalía Anticorrupción y la Policía sólo contra supuestas tramas corruptas relacionadas con el PP. «Se está poniendo en peligro el Estado de Derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición», aseveró.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dado que la investigación del juez Garzón incluye su gestión en la FEMP Barberá confesó su «asombro e incredulidad» porque la FEMP «no se dedica a organizar eventos» más allá de «las asambleas para elegir al presidente».
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