La mayoría de las medidas del plan antiaborto existían con anterioridad y no se pagaban

Ramón Ferrando, Valencia

El plan antiaborto del Consell es un compendio de incentivos que ya existen y que no se pagan. La mayoría de las medidas benefician a un sector muy reducido de la población e incluso algunas exceden de las competencias del Consell (como intentar que los jueces agilicen los plazos para las adopciones). En el programa electoral del PP no aparece el compromiso de crear una ley de apoyo a las madres gestantes, aunque sí hay previstas medidas que no se están cumpliendo como los 4.000 euros por cada nacimiento de un hijo. El proyecto antiaborto -impulsado por el departamento de un conseller vinculado al Opus Dei, Juan Cotino- coincide con el debate abierto por el Gobierno para liberalizar la interrupción del embarazo.

La televisión pública valenciana anunció ayer en el informativo que el Consell iba a destinar este año 20 millones de euros y 30 millones el año que viene a la ley de apoyo a la maternidad. Sin embargo, un portavoz de Bienestar Social, departamento impulsor del programa, reconoció a Levante-EMV que ese dinero no está destinado al programa en defensa de "la vida en formación" sino que es el gasto previsto para la renta garantizada a la ciudadanía. El vínculo entre los dos proyectos, según Bienestar Social, es que las madres embarazadas con riesgo de exclusión se pueden acoger desde fin del año pasado a esa ayuda. Al igual que el resto de personas que no esperan un hijo.

En realidad, nadie tiene muy claro dónde está el dinero que cubrirá los incentivos previstos en el plan antiaborto del Consell. El Partido Popular prometió en su programa electoral que los valencianos que tuvieran un hijo recibirían como estímulo 4.000 euros que se sumarían a los 2.500 euros que sí da el Gobierno central. La ayuda de la Generalitat todavía no se está entregando.

Deducción de cien euros

Otra ayuda económica prevista en el programa electoral popular era que las madres que no están empleadas recibirían 100 euros al mes como ocurre con las trabajadoras que obtienen 100 euros del Gobierno central hasta que los hijos cumplen tres años. El Consell no ha puesto en marcha la ayuda. Sin embargo, la Generalitat ha anunciado con el nuevo plan que esos cien euros se podrán obtener desde el momento del embarazo.

El programa antiaborto incluye el beneficio para las madres en situación de riesgo de exclusión social de conseguir medicamentos gratis para sus hijos hasta que cumplan 18 meses. Sin embargo, la cartilla solidaria -puesta en marcha hace años- ya prevé ese derecho. La diputada autonómica socialista Consuelo Catalá añadió que ese beneficio también está incluido en la ley que reconoce los derechos de los niños y adolescentes en el ámbito sanitario.

El programa recoge iniciativas vacías de contenido. El proyecto incluye a las madres inmigrantes, aunque no concreta a qué tipo de ayudas pueden aspirar. Sin embargo, sí deja claro que las inmigrantes pueden acceder a la información. El conseller de Inmigración, Rafael Blasco, indicó en la nota de presentación del plan antiaborto: "Vamos a procurar que el colectivo que representa la inmigración tenga la información apropiada de todas las políticas sectoriales para mantener este crecimiento de la sanidad".

La ley de Protección a la Maternidad pretende acortar los plazos de las adopciones y el acogimiento familiar. La Conselleria de Justicia se ha comprometido a agilizar los trámites judiciales y reducir los tiempos de espera, a pesar de que no tiene competencias sobre los magistrados.

El acceso a la vivienda también aparece en el proyecto del Consell. La normativa incluirá que las familias con un mayor número de hijos puedan conseguir con más facilidad un inmueble de protección oficial. Sin embargo, según denunció ayer el PSPV, esas facilidades ya existen para las madres que se encuentren en riesgo de exclusión social.

El programa sí resulta innovador al justificar subvenciones para asociaciones de voluntarios que disuadan a las madres con dudas de su idea de abortar. El Consell incluso ha previsto que grupos de voluntarios acojan en sus casas a jóvenes embarazadas durante gestación y los primeros meses de vida del bebé. El problema, según denuncia la oposición, es que esas asociaciones están vinculadas a grupos católicos contrarios al aborto.

Al menos, según explicaron cuatro juristas, el texto es viable legalmente aunque garantice derechos a los no nacidos. El presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano; el de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro; el ex magistrado del Constitucional Vicente Gimeno Sendra; y el catedrático José María Asencio coincidieron en que formalmente es impecable.