Tres de los seis miembros del Consell Jurídic que bendecirán los finiquitos fueron diputados

Juanjo García Gómez, Valencia

El recurso de las Corts al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que bendiga en dos semanas los finiquitos a los ex diputados -tras los dos informes jurídicos internos y uno económico de la Cámara en contra- se presenta con un inconveniente que los autores de la consulta no calibraron o, simplemente, no les importó.

De los seis integrantes del CJC, tres de ellos fueron parlamentarios en su día. La solvencia profesional de los consejeros está fuera de duda pero su condición de ex diputados implica sobre el papel que podrían tener un interés personal en el asunto, ya que, en caso de regresar al escaño en un futuro, no sólo tendrían lógicamente derecho a la indemnización por cese, sino que verían incrementada la cuantía de la indemnización por el tiempo en que fueron diputados en el pasado.

Este hecho podría afectar a las causas de inhibición previstas en la normativa. La ley de creación del CJC establece que sus miembros "no participarán en las deliberaciones de aquellos temas sobre las cuales haya de emitirse información, en el caso de que afecte directamente a su actividad e intereses". El reglamento que desarrolla la norma es más explícito al señalar que los integrantes del órgano homólogo al Consejo de Estado en el ámbito de la Comunitat "tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que tengan interés o que afecten a personas físicas o jurídicas con las que estén o hayan estado unidos por vínculos profesionales o de parentesco".

Inhibición por escrito

La inhibición de un consejero, según determina el reglamento, debe hacerse por escrito dirigido al presidente antes de la discusión del asunto o verbalmente al darse cuenta del mismo en la sección, comisión o pleno. Si se plantean dudas o discrepancias sobre si debe o no inhibirse algún consejero, decidirá el pleno del Consell Jurídic Consultiu en la propia sesión o en una independiente anterior a la deliberación sobre el asunto, según decida el presidente del CJC.

En este caso, el propio presidente del organismo consultivo, Vicente Garrido, es ex diputado, ya que fue miembro de las Corts en la etapa transitoria, dentro de la cuota por designación de los partidos (en concreto, por UCD) en función de los resultados de las generales. Más tiempo permanecieron José Díez, diputado del PP en la V legislatura (1999-2003), y Ana Castellano, parlamentaria del PSPV en la III legislatura (1991-1995). Los otros tres miembros son Miguel Mira, Vicente Cuñat y Alberto Jarabo.

Por otra parte, se da la circunstancia de que el mismo presidente del CJC es el que está instruyendo la consulta. Una vez esté concluida, se someterá al pleno del órgano consultivo. El mismo día en que la Mesa decidió realizar esta consulta al Consell Jurídic, el pasado 2 de abril, la dirección del grupo popular telefoneó a sus ex diputados para garantizarles que cobrarían una vez el CJC emitiera su dictamen, a finales de abril o principios de mayo.