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Pilar G. del Burgo, Valencia
La Operación Palo que puso en marcha la Guardia Civil y que permitió intervenir más de 55 toneladas de madera de palosanto de río -una especie en peligro de extinción procedente de América del Sur y cuyo comercio está prohibido-, en almacenes de Valencia, Cuenca, Madrid, Córdoba y Granada ha sido una de las múltiples actuaciones sobre las que se fundamenta la denuncia que la organización ecologista Greenpeace presentará hoy en Tarragona contra el Gobierno español por incumplir el Convenio Cites.
Se trata del mayor acuerdo internacional sobre comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestre que persigue preservar la conservación de las especies mediante el control de su comercio.
Por este motivo, Greenpeace presentó el pasado lunes, 20 de abril, una queja formal en la Comisión Europea contra el Estado Español.
La organización dará a conocer hoy el contenido de la denuncia, que ha adelantado a Levante-EMV, coincidiendo con la presentación del informe Comercio ilegal de maderas de especies amenazadas incluidas en el Convenio Cites en España que recoge los presuntos delitos cometidos en España entre 2002 y 2006. Entre las actuaciones realizadas destaca la Operación Palo (2002-2005) y Tarima (2006) del Seprona y la UCO de la Guardia Civil que se tradujeron en la apertura de diligencias y causas judiciales en diversos juzgados.
Greenpeace se presentó como acusación particular en los procedimientos e intentó que se aplicaran sanciones, aunque todas las causas salvo una fueron archivadas lo que, según la organización ecologista, "pone de manifiesto las graves carencias del sistema de control y la descoordinación entre las diferentes autoridades implicadas".
El documento, que se presentará hoy en el VII congreso nacional de Derecho Ambiental que se celebra en Tarragona, revela que algunas empresas del sector de la madera han introducido en España maderas protegidas en el Convenio Cites, usando nombres de maderas parecidas.
Las 55 toneladas de palosanto de rio salvaron el control fronterizo al camuflarla bajo los nombres de caviuna, jacaranda o pitomba. Una situación similar ocurría con la caoba de hoja ancha que se encubría como cedro.
En el informe se resaltan los incumplimientos del Convenio Cites y los fallos en la cadena de responsabilidades donde aparecen actuaciones jurídicamente imputables al Departamento de Aduanas y a la Autoridad Administrativa Cites. Greenpeace también expone la ineficacia de la aplicación del Convenio Cites en España.
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