Los dependientes irán al Constitucional

Pilar G. del Burgo, Valencia
Los dependientes han tomado la palabra, hoy tomarán la calle y en los próximos días desembarcarán escritos de protesta ante el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Sanidad y Política Social, los Tribunales Superiores de Justicia y el mismísimo Tribunal Constitucional.
Los representantes de las entidades y asociaciones reabrieron ayer varios frentes de lucha y resistencia. El primero, para apoyarse y tener una buena información a través de un convenio pionero que el Comité Española de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) firmó ayer con la alcaldesa de Quart de Poblet para asesorar jurídicamente a los 500 dependientes de esta localidad que llevan dos años esperando la resolución definitiva. En este tiempo, han muerto 76.
El presidente del Cermi, Joan Planells, ha denunciado que la tramitación de los expedientes de la dependencia, "lleva un retraso enorme" y que al ritmo de trabajo de estos de estos cuatro meses en los que se han emitido 6.700 dictámenes, se necesitarán otros treinta meses, o sea dos años y medio, para resolver las 50.000 solicitudes pendientes, "y ponerse al día y eso sin contar con las nuevas que lleguen".
Homenaje a los 6.000 fallecidos
"Esto es un callejón sin salida, la ley no arranca y la situación es muy preocupante", expresó con un gesto de decepción Planells.
Paralelamente a la firma del convenio, la Plataforma en Defensa de la Dependencia anunció para hoy la convocatoria de concentraciones en cadena en catorce ciudades de la Comunitat Valenciana en homenaje a las seis mil personas dependientes que han muerto sin poder cobrar la prestación a la que tenían derecho.
Los actos comenzarán a las siete de la tarde en Valencia (plaza de Manises), Alicante (frente a delegación de Gobierno), Elx (Centro de Congresos), Ibi (plaza de la Tartana). La protesta se celebrará de manera simultánea en Alzira, Aspe, Castelló, Crevillent, Dolores, Orihuela, Sagunt, Santa Pola, Sax y Xàtiva.
Mientras tanto, desde el Cermi que dado todo su respaldo a la movilización, se ha comenzado a orquestar una campaña contra el último escollo que llevará a los dependientes a recurrir al Tribunal Constitucional para solicitar la ilegalidad de la orden del 23 de diciembre de 2008 de la Generalitat Valenciana que declara la incompatibilidad de las ayudas. Es única en España.
Según esa nueva normativa el que vaya a un Centro de Día o a un taller ocupacional no puede tener un cuidador familiar y viceversa.
Esta situación "de pérdida de derechos" que se produce solo en la Comunitat Valenciana va a ser encarada desde cuatro ópticas diferentes para conseguir que se impugne o se ilegalice, según declaró el presidente del Cermi a Levante-EMV.
El primer aldabonazo será pedir al Gobierno Central la impugnación de la orden, "que vulnera una norma de rango mayor, como es la ley de la Dependencia".
Esa misma petición se formulará ante el Defensor del Pueblo y paralelamente, los afectados interpondrán "un recurso indirecto judicial" (tras presentar un recuso de alzada para ultimar el trámite administrativo) donde denunciarán el recorte de derechos que supone la aplicación de una orden de rango inferior y obligar al juez a declararla ilegal. Y de allí, al Constitucional. Con idéntico argumento, pero de más calado.