El PP cierra filas con Camps y Costa pese a ser imputados y tras 8 expulsiones en Madrid

Francesc Arabí/Agencias,
Valencia/Madrid
La citación del presidente Francisco Camps y del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, a declarar como imputados en un presunto delito de cohecho han situado a la dirección nacional del partido frente al espejo de sus propias contradicciones a la hora de aplicar el código ético y los estatutos del partido. "Plena confianza" y "apoyo" total a Camps y a Costa, dijo a través de un comunicado la misma ejecutiva de Mariano Rajoy que ha expulsado a ocho encausados de Madrid.
Antes de conocerse la imputación de Camps y Costa, el portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, recordó en la Cadena Ser el código deontológico del partido que prevé la suspensión de militancia sólo para los imputados, lo cual salvaba al uno y al dos del PP valenciano. La dirección salió al rescate horas más tarde. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió la "presunción de inocencia" de los nuevos imputados y el "derecho a ser juzgados con garantías".
Preguntada por si había una doble vara de medir según la entidad de los encausados resolvió tajante: "en absoluto". Vino a decir que la diferencia está en el qué y no en el quién: "Hay que valorar las circunstancias del caso", advirtió, en clara voluntad de minimizar la rama valenciana del caso Gürtel comparada con Madrid, donde hay acusaciones de cobro de comisiones millonarias. Estas reflexiones no evitaron que el dirigente del PSOE Antonio Hernando instara a Rajoy a "ser coherente" y actuar disciplinariamente contra Camps y Costa. La menos efusiva en su respaldo fue la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. "Espero que cuanto antes todo se aclare", dijo lacónica.
Sea por el tanto tienes tanto vales (el PP, con Camps al frente, aportó 1.415.000 votos a la cosecha general en las últimas legislativas), por tratarse de una sólida muleta en la que se ha apoyado Rajoy y su dirección cuando sufrieron la embestida del aznarismo o simplemente por la entidad del cargo institucional de presidente de la Generalitat, el caso es que el núcleo de la ejecutiva de Génova sigue sin aplicar en tierras valencianas sus mecanismos de autocontrol sanitario de la vida pública.
Desde que el viernes 6 de febrero se desencadenó la operación Gürtel, Mariano Rajoy ha expedientado o expulsado, en aplicación de su código ético, a ocho dirigentes y cargos públicos en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos zarandeados por el escándalo de la presunta red de corrupción liderada por Francisco Correa: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda. Los ex alcaldes Ginés López, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Arturo González Panero han sido primero obligados a renunciar a la vara de mando y después suspendidos de militancia. El carné del partido también les ha sido anulado a los diputados autonómicos Alfonso Bosch, Alberto López Viejo o Benjamín Martín Vasco.
Por contra, Camps y Costa se unen como excepciones a la regla disciplinaria a los casos del presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración, y al del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de prevaricación.
La fiebre regeneracionista
El código ético del PP nació en abril de 1993 como iniciativa regeneracionista en plena borrasca de casos de corrupción que dinamitaron el poder socialista. Ese mecanismo de autocontrol, que sigue vigente, según declaró el pasado 6 de noviembre el propio Ricardo Costa y han reconocido otros dirigentes en distintos momentos, prevé que la imputación de un cargo público acarrea la apertura de expediente y hasta la expulsión cuando se entienda que se da "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí mismo o para terceros".
En los congresos nacional y autonómico del PP del año pasado se introdujo en los estatutos una cláusula que funciona en paralelo al código y según la cual sólo cuando exista una "sentencia firme" se apartará al ilustre militante de la organización. Lo cual permite una interpretación más laxa sobre la honorabilidad del comportamiento público, que ya se ha predicado del citado ex alcalde de Vila-real, a quien de momento se le ha dado cuerda hasta que falle el tribunal europeo, según indicó Costa. El ex vicepresidente del Consell Víctor Campos fue el único de los implicados en la Comunitat Valenciana que entregó voluntariamente su carné de afiliado, que está en cuarentena hasta que el TSJ valenciano resuelva.