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Levante-EMV, Valencia
Las chaquetas de fantasía, los chalecos blancos, los smoking y las visitas de un sastre al Ritz o al Mesón 5 Jotas a tomar las medidas a insignes clientes como el presidente Camps y el secretario general del PP, Ricardo Costa, —según el juez Garzón— son unas ramas valencianas de la trama Gürtel de tal potencia plástica y jurídica que hasta esconden mediática y políticamente el auténtico bosque del escándalo. Francisco Camps, Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo) declararán como imputados precisamente como acusados de cohecho al recibir 34.908 euros en ropa presuntamente regalada por tres empresas, una de ellas Orange Market. Pero el recorrido del caso por tierras valencianas trasciende ampliamente el fondo de armario.
Es más, el caso Gürtel tiene genéticamente muchos cromosomas que remiten a Valencia. Las decisiones de pagar los trajes y otros regalos para comprar presuntamente voluntades políticas las ejecutaron tres personas por encima del resto:?Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Crespo, mano derecha de Correa, fundó Orange Market, la aclimatación de la organización a la nueva realidad política emanada de la pérdida del Gobierno por parte de Aznar. Y la ha manejado, casi desde el principio, Álvaro Pérez. Es la primera prueba de que Gürtel tiene ADN valenciano, políticamente hablando. En Madrid se han pagado presuntamente comisiones a alcaldes, concejales y ex gestores de empresas públicas a cambio de favores en las adjudicaciones urbanísticas, según la investigación judicial y policial. En la Comunitat Valenciana, donde los imputados son de diputado y número dos del PP para arriba —salvo Betoret—no hay rastro de comisiones. Orange Market se lo ha cobrado directamente a través de contratos a dedo logrados en ocho consellerias, cuatro empresas públicas, un par de fundaciones, Presidencia de la Generalitat y el PP, donde Álvaro Pérez ha tenido algo así como la exclusiva para cualquier evento celebrado entre Guardamar y Vinaròs desde el año 2004. Antes, era Special Events, el antecedente de Orange Market, la que organizaba mítines y congresos del PP nacional y sus incursiones en la Comunitat Valenciana. En total, según la ristra de contratos menores (los más opacos al estar exentos de fiscalización previa, publicidad y libre concurrencia) que ha ido desvelando Levante-EMV desde que estalló el caso, la franquicia valenciana de la trama ha sumado, tacita a tacita, con adjudicaciones por debajo de los doce mil euros, al menos 8,2 millones. Cuando no han llegado de empresas públicas, las concesiones le han llovido a Orange Market —con sus cuatro trabajadores en nómina en sus mejores tiempos— de entidades semipúblicas, como el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, y a instancias de la Generalitat, u organismos como Feria Valencia, gobernados por alguien tan cercano a Camps como Alberto Catalá. Ayuntamientos como el de la Nucia (con Special Events) o el de Valencia, con adjudicaciones a la constructora Begar, del imputado José Luis Ulibarri, también han colaborado a alimentar la causa valenciana. Ulibarri, a través de Mediamed Comunicación Digital —la mayor concesionaria de licencias de TDT—, también ha entrado a controlar la Televisión Municipal de Valencia (TVM).
De todos los platos que ha servido la Generalitat a Orange Marte el más suculento ha sido, sin duda, el contrato para montar el pabellón valenciano en Fitur. Orange Market cobró por cinco adjudicaciones consecutivas de Turismo nada menos que 5,3 millones de euros. Con contratos así de nutritivos para las cuentas de la trama y pintorescos episodios, como los supuestos regalos de «pulseritas» u otros detallazos de pasarse «veinte pueblos» se ha construido la pata valenciana de un escándalo que ha removido los cimientos del PP y ha puesto al presidente Camps en un aprieto sin precedentes.
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