El Consell cambia la LUV para reducir trámites y agilizar la creación de suelo

F. J. BENITO ALICANTE La futura Ley Urbanística Valenciana (LUV), cuyo anteproyecto saldrá a debate público el próximo mes de julio, pretende simplificar al máximo la burocracia que rodea los desarrollos urbanísticos y, entre otras figuras, suprimirá el concierto previo, documento previo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se diseñan las grandes líneas urbanísticas de los municipios y que, en la práctica, se ha convertido en un instrumento que termina por bloquear el desarrollo de suelo.
El conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, trabaja desde hace unos meses con un equipo de juristas y técnicos, entre los que se encuentran varios designados por el PSPV, cuyo objetivo es cerrar un documento que contribuya a simplificar todos los procedimientos.
La nueva ley absorberá, entre otras, a la Ley de Ordenación Protección del Territorio y Paisaje, que se había convertido en otra rémora al exigir, por ejemplo, que los promotores presentaran estudios de paisaje incluso cuando se trataba de construir un edificio de viviendas en la parcela de un calle.
Los promotores esperan que la legislación que prepara Urbanismo finalice con la incertidumbre que rodea el planteamiento de un plan urbanístico que, en muchos casos, tarda años en salir o, en ocasiones, no se puede ni llegar a desarrollar. La intención de José Ramón García Antón es dotar de más fuerza y agilidad a los planes generales que, según las fuentes consultadas, debe ser la figura sobre la cual pivoten todas las actuaciones urbanísticas.
Precisamente, la complejidad burocrática a la hora sacar adelante un PGOU ha generado en muchas ocasiones que se aprueban Programas de Actuación Integrada (PAI) al margen del planeamiento o, incluso, otras actuaciones.
La nueva ley urbanística de la Comunitat Valenciana limitará también las competencias de la polémica figura del agente urbanizador, creada en la extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), exportada a otras comunidades autónomas y copiada, incluso, por el Gobierno para redactar la ley estatal del suelo. El agente urbanizador permite que una promotora pueda presentar un PAI en una zona determinada sin contar con el suelo ni tener relación alguna con los propietarios de las parcelas e incluso viviendas allí levantadas que, una vez aprobado el programa de actuación urbana, tiene que asumir los costes de su urbanización.
Esta figura creó situaciones de desamparo denunciadas ante la CE por el poderoso "lobby" Abusos Urbanísticos No, integrado por propietarios de suelo, gran parte extranjeros, que se vieron afectados por las aprobaciones de muchos PAI durante el último "boom" urbanístico. Sus quejas llegaron a Bruselas y acabaron en una condena formal del propio Parlamento Europeo, que en marzo aprobaba un informe en el que se amenaza, incluso, con retirar las ayudas comunitarias a España si no se corrigen legislaciones autonómicas como la de la Comunitat. En ello está ahora el Consell.
Por otro lado, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante ha presentado una segunda entrega de alegaciones a la revisión del PGOU con las que persigue una mayor adecuación del documento a la realidad del sector, marcada por una caída de la demanda por la crisis económica.
La ley que condena la política valenciana
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 de marzo, por tercera vez en los últimos cuatro años, un informe que condenó la política urbanística seguida en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía. Y es que la Ley Estatal del Suelo que entró en vigor en 2008 incluye los artículos denunciados anteriormente. Según un trabajo coordinado por la eurodiputada verde Margrete Auken, la legislación vulneraría los derechos de los propietarios del suelo en los procesos para desarrollar planes urbanísticos. El informe exigió cambiar la legislación y salió adelante por gran mayoría con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones.