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El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, señaló hoy que el retraso en la ejecución de las Torres de Calatrava no es responsabilidad ni de la Generalitat, ni del arquitecto, ni de los inversores sino de las "acciones legales" planteadas por algunos ciudadanos, "ya que hay dos sentencias sobre un mismo objeto que entran en contradicción dentro de un mismo tribunal". Además, apuntó que se ha comunicado al arquitecto valenciano que tiene que reducir la altura de una de ellas de los 318 a los 300 metros por una cuestión de paso de rutas aéreas.
Camps se expresó de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, en la que explicó que para llevar a cabo las torres hay que modificar los usos del suelo de la parcela donde se ubicarán, pero una sentencia de 2007 del Tribunal Supremo (TS) anuló los instrumentos urbanísticos en los que se fundamentaba la expropiación del suelo, "desapareciendo así la declaración de utilidad pública e interés social del suelo" que permitía su edificación.
Posteriormente, la sentencia del TS de febrero 2008 validó la homologación del Plan Parcial realizado por la Generalitat y el reconocimiento de la legalidad del instrumento urbanístico para la construcción de CAC, incluida la ejecución de las Torres de Calatrava, apuntó
Por ello, "estamos a la espera de que se resuelva un incidente de inejecución". Al respecto explicó que "la segunda sentencia entra en colisión con la primera y hay que pedir que no se ejecute la primera de ellas porque la segunda es la que prevalece".
Por otro lado declaró resueltos otros asuntos como la aprobación del Ayuntamiento para traspasar parte de la edificabilidad de la parcela del Ágora a la de las Torres. Asimismo, señaló que el Gobierno central acepta el proyecto siempre que las alturas de los edificios no superen los 300 metros -por las rutas aéreas--. Así, se ha comunicado a Calatrava que rebaje la altura de uno de ellos, que alcanzaba los 318 metros.
El conseller, destacó también que la venta de los terrenos en los que se van a construir las torres corre a cargo de la iniciativa privada. No obstante, reconoció que dada la situación del mercado inmobiliario "no es el mejor momento para sacar un buen precio".
Al respecto, el diputado del PSPV José Camarasa propuso entablar conversaciones con Calatrava para redimensionar el proyecto "primando la viabilidad y la funcionalidad por encima de la estética", disminuir el coste de producción y que el arquitecto se comprometa a que no haya sobrecostes. Pero, en caso de que esto no se cumpla apostó por "valorar rescindir el contrato y vender la parcela cuando se recupere el mercado inmobiliario y destinar esos fondos a la deuda de CACSA".
Cuando se venda, afirmó el conseller, el dinero irá destinado a reducir la deuda de CACSA y, en caso de que no fuera así, como "somos titulares del proyecto podríamos realizarlo dentro o fuera de la geografía de la Comunitat", apuntó.
Por su parte, el diputado socialista José Camarasa recordó que por tras cuatro años desde su presentación las torres todavía no se han ejecutado pero la Generalitat "ha pagado ya más de 17 millones de euros por el proyecto, un 7% del coste de la obra", presupuestada en 335 millones de euros.
"Tras cuatro años desde la presentación del proyecto, sigue durmiendo plácidamente esperando a conocer los inversores privados" que "deben de estar haciendo cola para construir las torres bajo la supervisión de Calatrava", ironizó. En este sentido, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, advirtió también de la "inviabilidad" del plan.
Camarasa añadió que "si en los años de oro nadie se interesó por las torres", en estos momentos hay "pocas esperazas de que nadie se arriesgue a someterse a un proyecto así y al dictado de Calatrava". A la crisis hay que añadir la "mala fama" que acompaña al arquitecto", añadió. Esto es un "freno" para los inversores, aseguró. El conseller señaló al respecto que "hay y hubo inversores".
"SÁBANA SANTA"
Por otro lado, ante las críticas de la oposición de "derroche" de los fondos públicos con los grandes eventos, el conseller recurrió a lo que denominó como "sábana santa"; un documento con los datos actualizados de los beneficios de estos grandes eventos. Así afirmó que hasta ayer se han registrado 57 millones de visitantes, con un impacto económico de 8.000 millones y 245.000 empleos acumulados.
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