Los contratistas confían su penúltimo cartucho a la inversión del Gobierno

L. B. B. VALENCIA La Cámara de Contratistas ha remitido al Delegado del Gobierno y a la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, el análisis sobre El sector constructor en la Comunitat Valenciana, que también ha sido remitido al conseller de Economía de la Generalitat. Se trata, como adelantó Levante-EMV, de hacer sonar la alarma antes de que el sector de la construcción llegue a los 150.000 parados en la Comunitat Valenciana (en mayo 91.188 trabajadores de la construcción se habían quedado sin empleo).
Una situación a la que se ha llegado, según el análisis que se hace desde el sector, por la "fuerte crisis económica inmobiliaria, más agudizada en la Comunitat Valenciana por la paralización del mercado turístico residencial y el endurecimiento del hipotecario de segunda residencia, además de la crisis financiera y energética". En la Comunitat Valenciana "el sector inmobiliario estaba sobredimensionado" ya que en 2004 se alcanzaron las 105.000 viviendas en un año. Cinco años después, la construcción de residencias cayeron hasta las 28.800 viviendas en 2008. Si a ello se le une la caída de la licitación en 2009, "cuando ya se venía de un descenso del 30% entre 2008 y 2007", la resolución de la posible ecuación son "la desaparición de unas 300 pymes y otras empresas auxiliares" y la destrucción del empleo directo de 91.188 trabajadores hasta mayo pasado.

"Situación alarmante"
Esta "alarmante situación" urge a "buscar soluciones" porque "estamos observando que nadie quiere reconocer la situación del sector constructor de obra civil, menos hacerse responsable de ella", señala la Cámara de Contratistas.
Aunque, a la vista del listado de propuestas elaboradas y remitidas a las administraciones implicadas, el Gobierno central es, posiblemente, el penúltimo cartucho que le queda a los contratistas de obra pública para subsistir y esperar que crezcan los "brotes verdes".
Las propuestas de soluciones al Consell se resuelven en dos folios y tres demandas: "ayudar a resolver los problemas de los peajes en sombra en marcha ( el tramo I de la CV-50 desde Benaguasil a Chiva y de la CV-91 desde Orihuela a Guardamar", además de la licitación de los nuevos peajes en sombra. Y, sobre todo, "solucionar con prontitud la deuda pendiente de cobro de las certificaciones de obra vencidas y no abonadas por la Generalitat y las empresas públicas".
Por el contrario, el listado dirigido a la Administración General del Estado ocupa seis folios y se despliega en cuatro grandes apartados. Como ha solicitado la patronal, los constructores demandan un Plan Extraordinario de Inversiones en Infraestructuras que debería incluir "la aceleración de proyectos ya en marcha" o simplemente "un incremento de las anualidades de las obras en curso, como un complejo vitamínico inyectado directamente en vena, que genería un incremento de actividad y disminución del paro".
También se debería aumentar "de forma considerable la inversión en carreteras" simplemente "dotando" de presupuesto a "las anualidades de las obras en marcha y licitando a la mayor brevedad posible las inversiones pendientes del Protocolo de Carreteras". Además de incluir a la Comunitat Valenciana en los planes de cercanías de ferrocarriles y continuar cpn la ejecución de la Estación Central y el eje pasante.