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AGENCIAS/LEVANTE-EMV.COM La Fiscalía Provincial de Valencia ha remitido a Castellón las diligencias de investigación penal por la presunta utilización de inmigrantes en los mítines del PP, al considerar que es esta institución la competente puesto que los hechos denunciados tuvieron lugar en esa provincia, según informaron fuentes del ministerio público.
La Fiscalía de Valencia incoó diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el PSPV-PSOE para que se investigara si hubo presiones y si se cometió un delito contra los trabajadores, los ciudadanos extranjeros, y contra la Ley Electoral, a cambio de acudir al mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, y del presidente del PPCV, Francisco Camps, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Valencia el pasado 2 de mayo.
Tras la denuncia, la Fiscalía decidió abrir diligencias por posibles delitos contra los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tras ello, las remitió a la Fiscalía Provincial de Castellón puesto que es la competente para investigarlo, ya que los hechos denunciados tuvieron lugar en la jurisdicción de esta provincia.
Esta decisión, según Tirado, confirma los argumentos de su partido, en los que denunciaba que el PP había superado "todos los límites de la indecencia política al utilizar a los colectivos con menos recursos, como es el caso de los inmigrantes, para llenar sus mítines".
El Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos denunció que un centenar de personas asistió al mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció el 2 de junio en Valencia porque un empresario prometió trabajo para 39 de ellos, promesa que finalmente no cumplió.
Según explicó la citada asociación, con sede en Castellón, un intermediario de Burriana (Castellón), en representación de unos empresarios de Albacete, ofreció contratar a 39 hombres para recoger la cosecha de ajo en Albacete y Murcia y puso como "requisito apoyar un mitin político" en Valencia.
El hecho de que esta asociación tenga su sede en Castellón ha hecho que también se haya decidido remitir las diligencias al fiscal-jefe provincial de Castellón.
La responsable de Movimientos Sociales y ONGs del PSPV-PSOE, Clara Tirado, valoró que la decisión de la Fiscalía Provincial añade "más presión" sobre el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, que, en su opinión, "son los responsables directos de esta acción, al haber sido los máximos responsables de la campaña de engaño y manipulación de aquellas personas que están atravesando por una situación precaria y de dificultad".
De esta forma, manifestó que espera que la Fiscalía "aclare el posible vínculo que une al supuesto intermediador y al PPCV, así como si se trata de hechos aislados o del modus operandi con el que el PP llena sus mítines". "Es deleznable y rastrero", aseguró Tirado, "aprovecharse de la situación de dificultad de cualquier ser humano", reiteró.
Al respecto, Tirado afirmó que con "estas prácticas consentidas por Camps, los populares valencianos se han convertido en el referente de la indignidad y la vergüenza". Asimismo, recordó que el PP "todavía no ha negado ni exigido ningún tipo de rectificación mostrando, una vez más, esa actitud chulesca y de impunidad que se les va acabar", matizó.
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