Por un Consell ni de pancarta ni de carpanta

Ricardo Peralta

El Banco de España hizo públicos el viernes de la semana pasada, los últimos datos de deuda de la Generalitat Valenciana. Asciende a 15.284 millones de euros, la segunda más elevada de todas las comunidades autónomas y la primera en porcentaje sobre PIB regional, con una cifra del 12,5% que casi duplica la media autonómica del 6,7%.
Ese mismo día, el Consell aprobó e hizo público un documento denominado "Incumplimientos y discriminaciones del Gobierno Central hacia la Comunitat Valenciana", en el que pretende dar a entender que nuestra comunidad sólo tiene un problema y ese es, supuestamente, la política del Gobierno de España.
El documento suscita inquietud porque, dadas las circunstancias en que se encuentra la Comunitat Valenciana (entre otroa, que el pasado mayo, a diferencia del resto del Estado, el desempleo continuara creciendo y tener la provincia con mayor incremento de paro), cabría esperar que su gobierno autonómico dedicara sus reuniones a trabajar como hacen los gobiernos. Es decir, ejecutando actuaciones que supongan soluciones y no a formular tablas reivindicativas más propias de quienes carecen de la facultad y responsabilidad de gobernar.
Al actuar de ese modo, el Consell de la Generalitat abdica de su responsabilidad como Gobierno valenciano.
Además, de un documento aprobado por una institución como el Consell, lo mínimo que cabe esperar es rigor. Pero dicho documento carece completamente del mismo. Es un panfleto que mezcla promesas electorales, compromisos del Gobierno de España de programación plurianual que se reclaman ya en su totalidad, duplicidades y, sobre todo, falsedades.
Buena prueba de ello es el primero de los supuestos incumplimientos, que, textualmente, se describe así: "500 millones de euros para la Ley de la Dependencia en siete años. 140 millones". Si resulta del mayor cinismo que la Generalitat hable de incumplimientos ajenos en la aplicación de la Ley de Dependencia, lo que resulta todo un disparate es que se reclamen 7 años de esta Ley cuando se aprobó el 14 de diciembre de 2006 y no tiene, pues, ni 3 años de vigencia.
Sirva el ejemplo como prueba clara de que la actuación del Consell no es propia de una institución democrática de su entidad y, al actuar así, el Consell de la Generalitat es más que un gobierno de pancarta, un gobierno de Carpanta.
En apenas 2 años, sin más criterio que la lástima o la impotencia, el Consell ha pasado de reclamar al Gobierno de España 400 millones de euros, a exigir casi 10.000 millones. Pero la evolución de la inversión ordinaria presupuestaria de la Generalitat no ha hecho más que reducirse en los últimos años. En 2007 dejó sin ejecutar un 12 % de dicha inversión; en 2008 el recorte fue de un 25% y en 2009 de un 35%, con todo lo que significa en cuanto a empleos que se dejan de crear.
En contraposición, la evolución de la inversión ordinaria del Gobierno de España en la Comunitat ha crecido considerablemente, pasando de 1.872 millones de euros en 2007 a 2.258 millones en 2008 y 2.336 millones de euros en 2009. Además, debe sumarse la inversión extraordinaria este año de 1.080 millones, correspondientes al Fondo Estatal de Inversión Local y al Fondo Especial de Dinamización de la Economía y el Empleo, plasmados en proyectos que hoy están ya en obras y creando empleo en todos los municipios valencianos.
No hay, en cambio, ni una sola obra en marcha de inversiones extraordinarias de la Generalitat Valenciana.
Por ello podemos afirmar con claridad y firmeza que el Gobierno de España sabe cuántos empleos crea en la Comunitat. No podemos decir lo mismo, aunque nos gustaría y sería lo que todo valenciano espera, de la Generalitat Valenciana.
Como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, comparezco cada semana ante los medios de comunicación para explicar qué hace el Gobierno de España en nuestra comunidad y además respondo a las preguntas que me formulan. Lo que no hago, por no ser propio de la tarea de gobierno, es limitarme a criticar al gobierno autonómico, a diferencia de lo que éste efectuó el pasado viernes, aprobando el mencionado documento, que no es sino una verdadera manipulación y, por ello, merece una contundente respuesta.
Es necesario apelar a la verdad y al sentido común, a la responsabilidad y la lealtad institucional para, en adelante, evitar actitudes como ésta que no hacen más que desprestigiar las instituciones, distanciar a los ciudadanos de sus representantes y entorpecer el funcionamiento del Estado Autonómico que necesita de la colaboración de todas las Administraciones.
?Delegado del Gobierno en la Comunitat