Sólo las familias que ingresen menos de 1.318 euros al mes podrán acceder a una VPO del Consell

L. B. B. VALENCIA/EFE A partir de mediados de julio o agosto, las viviendas de protección pública (VPO) autonómicas se concederán a familias que no ganen más de 1.318 euros al mes, según se desprende del nuevo reglamento que aprobó ayer el Consell y que entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
El anterior reglamento de VPO apenas tenía dos años de vida ya que se publicó en mayo de 2007, (entonces el tope para acceder a una VPO del Consell era de 1.200 euros) aún bajo la batuta del entonces conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González, y cuando sólo se adivinaban las primeras ramas secas de la crisis que estaba por venir.
De hecho, uno de los argumentos que esgrime el Consell para sacar adelante un nuevo reglamento cuando el anterior apenas ha cumplido dos años es la necesidad de agilizar los trámites para convertir la vivienda libre en protegida y dar salida así a las existencias de 150.000 viviendas vacías que se calcula existen en la Comunitat Valenciana.
Otra de las novedades previstas en el Reglamento es que las familias que tengan que renovar los contratos de adjudicación de las VPO autonómicas para recalcular los ingresos familiares ponderados se elevará a 3,5 veces el IPREM (1.845,34 euros al mes) "para consolidar los barrios" y evitar la movilidad y "desvertebración de las familias, ya que muchas de ellas se ven obligadas a dejar la vivienda cuando mejoran su situación", explicó el conseller de Vivienda, José Ramón García Antón en la rueda de prensa del Consell.
El nuevo reglamento también regula "la percepción de las cantidades por reserva de vivienda protegida, que ahora deberán estar garantizadas por el promotor" y que en ocasiones era un foco de abusos ya que se exigían cantidades muy elevadas. Los promotores que quieran cobrar cantidades por reserva necesitarán la autorización de los Servicios Territoriales de Vivienda y el importe máximo que podrán cobrar será del 5% del coste de la vivienda (hasta ahora incluso exigían el 20%).