El Fiscal Superior no ve delito en la permuta del estadio y archiva el caso

JULIO MONREAL VALENCIA Once días ha permanecido viva la atribución de supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a dos de sus concejales, Alfonso Grau y Jorge Bellver, por parte de la Fiscalía y en relación con la permuta del solar del nuevo estadio entre el Valencia CF y el ayuntamiento. Sin tomar declaración a ninguno de los implicados y sólo con la lectura de las diligencias penales de las que la Fiscalía de Valencia le informó el 15 de mayo, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Ricard Cabedo, archivó ayer el caso al no apreciar "daño a la causa pública" donde su subordinado creyó ver un quebranto de 29.599.258 euros para las arcas municipales por infravaloración de la parcela, que se entregó por 45 millones y aún no está escriturada.
"Estimo que no existe ningún delito", asevera el Fiscal Superior en un decreto de 14 folios en el que no consta ninguna actuación nueva por su parte pese a haber afirmado a Levante-EMV el pasado jueves, 25 de junio, que iba a "empezar de nuevo" las diligencias penales tras recibir del Fiscal General del Estado el encargo de dirigir la investigación al afectar a un aforado, ya que Rita Barberá es diputada en las Corts Valencianes.
El sábado, 20 de junio, trascendió que un informe de un fiscal de la Fiscalía Provincial fechado el 15 de mayo apreciaba posible delito por parte de miembros del ayuntamiento en la permuta del suelo, uno de ellos aforado. Había investigado una denuncia de un particular presentada el 27-10-08 contra el ayuntamiento a la que luego se sumó otra de la organización Cercle Obert de Benicalap. Cabedo señala en su decreto de ayer que aquel 15 de mayo el fiscal informante debió indicar que era el momento de oir "al sospechoso, término que coincide con imputado. Lógicamente, si no se entiende que hay sospechoso, es decir, si no se entiende que hay base seria para actuar contra persona aforada y si solo indicios que no han ido más allá tras la investigación, no procede oir a nadie por entender que no hay materia delictiva, como es el caso".
Cabedo basa su decreto de archivo en dos cuestiones: De un lado, destaca la dificultad de valorar un suelo para construir un estadio, al no haber valores de referencia. De otro, entiende que el Valencia CF era ya propietario de la parcela antes de julio de 2007, puesto que ya había recibido licencias municipales de obras; por ese motivo, "el cambio de uso a hotelero aprobado el 29-2-2008 se hace siendo el Club propietario y no debía valorarse ese uso que no es del ayuntamiento y no se cedió en la permuta y que no debe computarse", según el Fiscal Superior.
La pieza clave de la investigación ahora archivada era precisamente la valoración de los cambios de uso decididos por el ayuntamiento, primero introduciendo el de oficinas y comercial y luego, el de hotel. La investigación iniciada por la Fiscalía Provincial recabó un informe del Servicio de Arquitectos de la Delegación de Hacienda de Valencia, que tasó los usos añadidos en 12,2 y 17,2 millones respectivamente, sustentando la sospecha de infravaloración, pero Cabedo la descarta y liquida la causa.