El PP de Xàtiva y el PSOE de Gandia respaldan el vertedero de Llanera y FCC

VÍCTOR ROMERO VALENCIA Hay concursos públicos que parece que lleven acompañado un pregonero junto al pliego de condiciones. Es la sensación que se tiene tanto en filas populares como en las de los socialistas valencianos respecto del contrato de residuos del plan zonal de las comarcas centrales. En ámbitos políticos se da por hecho que tanto el PP de la Costera, controlado por Alfonso Rus, como el PSOE de Gandia y la Safor, comandado por José Manuel Orengo y Alfred Boix respaldan la opción de instalar la planta de valorización y eliminación de basuras de Llanera de Ranes. Ambos grupos se decantan además por la opción presentada por la UTE que conforman Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Dimesa (controlada por Enrique Luján).
Los ayuntamientos de Xàtiva y Gandia tienen contratados sus servicios de limpieza urbana con FCC y ven con buenos ojos que la empresa de Esther Koplowitz amplíe el negocio en las comarcas centrales al tratamiento y eliminación de residuos. Xàtiva, Gandia y la Diputación de Valencia disponen de una cómoda mayoría en el consorcio supramunicipal constituido para el Plan Zonal de Residuos que comprende las comarcas de la Costera, la Safor, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida y el Valle de Ayora. Su unión puede dejar sin capacidad de influencia incluso a la Conselleria de Medio Ambiente, que según algunas fuentes tiene preferencia por la oferta de Sufi-Cyes, que propone el municipio de Enguera para la planta de valorización de residuos.
Tal como publicó ayer Levante-EMV, otra de las aspirantes, SAV-Secopsa-Comsa, ha presentado alegaciones contra sus competidores y advierte que los acuerdos suscritos entre FCC-Dimesa y una sociedad denominada Gains Tax pueden dar lugar a un pelotazo urbanístico que tendría un coste para el consorcio de residuos de 50 millones de euros por sólo el 30% de los terrenos en los que se ubicaría el vertedero de Llanera de Ranes. "El resto de propietarios puede pedir el mismo trato que Gains Tax, provocando un incremento al alza del valor de los terrenos desproporcionado y totalmente especulativo". De las alegaciones de SAV y Secopsa se desprende que FCC-Dimesa comprarían suelo controlado por Gains Tax. No obstante todo indica que ambos grupos tienen preacuerdos por los que los primeros pagarían a Gains Tax por el uso de sus solares a razón de 8,5 euros por tonelada durante los 20 años de la concesión. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan al consejero delegado de Llanera, Fernando Gallego, como intermediario con intereses en la operación, extremo que éste niega.