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La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y el tinglado asociativo que orbita en torno a ella y que ha alumbrado el Partido Social Demócrata (PSD) han recibido de la Generalitat más de cinco millones de euros en subvenciones a cursos de formación e inserción laboral. Los expedientes sobre el uso y justificación de las ayudas son un sembrado de irregularidades detectadas por los técnicos. Y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ha decidido cortar el crédito al entramado orquestado por Carlos Ruiz y pasar a la acción para cobrarse al menos parte de las ayudas que le ha concedido y, pese a que no han sido justificadas, no las reintegran a la Generalitat.

El Servef ha iniciado un procedimiento de incautación parcial del aval que la entidad de la que es vicepresidente Ruiz depositó como garantía cuando le fue adjudicada una ayuda para impartir un curso de orientación laboral en 2005. Pese a los requirimientos de los técnicos, Favcova no justificó el uso de parte de los fondos y se le pidió que los reintegrara. Visto que los requerimientos, en un expediente que arranca en 2005, no han sido atendidos la Generalitat piensa ejecutar el aval. La notificación oficial a la entidad por si sus responsables quieren alegar no ha podido practicarse por lo que se ha tenido que recurrir a la publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Favcova tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones.

El vicepresidente de esta entidad, Carlos Ruiz, fue colocado recientemente por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, como asesor del Consorcio Provincial de Bomberos, justo el destino que durante años tuvo el bailarín Pedro "Marti", esposo de la tránsfuga Maruja Sánchez, que dio la alcaldía de Benidorm a Zaplana en la moción de censura de noviembre de 1991.

Carlos Ruiz y Fernando Jiménez,líder del PSD que ayudó derrocar a los alcaldes socialistas de Dénia y Calp, han sido los artífices de la construcción de una red de asociaciones y empresas, nucleadas en torno a Favcova y la Fundación Central Ciudadana, que adeudan a la Generalitat 217.000 euros, en concepto de subvenciones de cursos de formación e inserción laboral no justificadas. Parte de las ayudas se justificaron con facturas y contratos formalizados con empresas de familiares de dirigentes del conglomerado asociativo.