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La Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) parte de una "serie de circunstancias" que da por sentadas para ahuyentar la sospecha de que puede haber un delito de cohecho por el hecho de aceptar unos regalos en función de su cargo. La primera es que las funciones desempeñadas por Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret "no tienen por objeto la aprobación y adjudicación" de los contratos que "le fueron adjudicados a Orange Market".
También alude al auto recurrido del juez instructor, José Flors, donde se señala que "las adjudicaciones de organización de actos públicos fue decidida por las autoridades y funcionarios responsables de los organismos competentes, no por los aquí imputados".
Además, la Sala vuelve a señalar la "vinculación directa entre la dádiva y la contratación que recoge la acusación popular, ejercida por el PSPV, en su recurso ante el tribunal, al afirmar que "estos datos a nivel indiciario no son aún suficientes".
Recordemos, de nuevo, el desfile de altos cargos y funcionarios -hasta 35- que declararon ante el juez a intervalos de cinco minutos con la sola función de responder a tres preguntas: su filiación, su cargo y si recibieron alguna directriz para adjudicar los contratos a Orange Market.
Por supuesto, la respuesta a esta última pregunta fue unánime: todos lo negaron. Hay que señalar que los testigos que declararon ante el juez instructor siguen al servicio de la Administración Valenciana, excepto uno, Chema Vidal, que trabaja ahora para Orange Market.
