Siete jueces conservadores, 4 moderados y 4 progresistas

RAFEL MONTANER VALENCIA ?
El último "escaloncito" que le queda por subir al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para ver finiquitada, judicialmente hablando, su relación con el caso Gürtel está en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Allí se resolverá a partir de septiembre -agosto es un mes inhábil para el Alto Tribunal- los recursos de casación que han anunciado la Fiscalía y el PSPV contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por el que se acuerda el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra Camps y otros tres imputados en el caso Gürtel.
La mayoría de los 15 magistrados que forman la Sala II del Supremo, la de lo Penal, son de tendencia conservadora. Siete frente a cuatro moderados, entre ellos el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y otros cuatro progresistas. Sin embargo, a priori, este perfil ideológico no supone ninguna garantía para Camps, ya que sin ir más lejos, el único voto particular en contra del archivo dictado por el TSJ lo emitió el Juan Montero Aroca, el miembro más claramente conservador de los tres que componían la sala.

Designación por turno
Según fuentes del Supremo consultadas por Levante-EMV, el recurso lo podría resolver una sala formada por cinco o tres magistrados, designados por turno cuando llegue el señalamiento de la deliberación, o por los 15 magistrados en pleno si deciden reunirse en Sala General, como cuando deliberaron sobre mantener o reducir la condena al etarra De Juana Chaos. Las mismas fuentes añaden que el criterio para reunirse en plenario, como hizo la Sala de lo Contencioso-Administrativo para abordar el caso de la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, "no depende de la repercusión mediática del recurso, sino de cuestiones más bien técnicas, de la complejidad jurídica del caso".
Entre los magistrados moderados de la Sala Segunda destacan Carlos Granados, el último fiscal general del Estado de los gobiernos de Felipe González y uno de los fundadores de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FV), o Juan Saavedra, ex presidente de la Audiencia Provincial de Álava.
En el bloque conservador, que se aglutina alrededor de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), está el magistrado instructor del caso Gürtel en el Supremo, el valenciano Francisco Monterde, o Manuel Marchena, quien en 2003 fue "mano derecha" de Jesús Cardenal, fiscal general del Estado con José María Aznar.
Entre los progresistas se encuentra Joaquín Jiménez, ex presidente de la Audiencia de Vizcaya, o el magistrado de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) Alberto Jorge Barreiro y Perfecto Andrés Ibáñez, quienes cuando eran miembros de la Audiencia de Madrid condenaron al general Emilio Alonso Manglano y al ex jefe de la Agrupación Operativa del espionaje español, Juan Alberto Perote, por las escuchas del Cesid.
La ley marca que entre la deliberación del recurso, que puede durar uno o dos días, y la resolución no deben transcurrir más de 10 días, pero lo "normal" es que la sentencia no se dicte hasta unos 15 días después de la vista, que puede ser pública o a puerta cerrada.