?La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, afirmó ayer que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales.
De Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que formuló hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y ha lamentando además que España viva ahora "un Estado policial" como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.
Un "Estado policial" que, a su juicio, lleva al Gobierno a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".
En realidad, el PP apunta al Cesid y al Ministerio del Interior. La chispa saltó en la sede del PP de Génova este fin de semana cuando una emisora difundió que el dirigente Federico Trillo estaba presionando al magistrado de la sala de lo penal del TSJCV, Juan Montero, el juez que ha dictado el voto particular en la parte valenciana del caso Gürtel. Ahí comenzaron a saltar las alarmas. Trillo, a la postre, no hablaba con Montero, sino con Juan Ramón Montero, abogado del PP nacional, según la dirección del partido. ¿Cómo se supo? En el PP existe la convicción de que esa conversación fue grabada.
El lunes, Cospedal, de manera velada, ha lo sugirió en una emisora de radio. Ayer extendió la sospecha en un comunicado a otras instituciones y aparatos del Estado.
"Perseguir a la oposición", como cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora, resulta "propio de un sistema antidemocrático", recalcó.
"Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", aseguró acto seguido.
La número dos del PP denunció que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial.
"Y se hacen de manera ilegal, nos consta", puntualizó de Cospedal, quien apuntó que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".
De Cospedal advirtió de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".
Asimismo, aseguró que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del "caso Gürtel", ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.
"La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", apostilló.
A los tribunales
o a retractarse
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, instó ayer a María Dolores de Cospedal a acudir a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito o a retractarse, porque está "despreciando" el trabajo de policías, jueces y fiscales.
"Vivimos en un Estado de derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo para que ahora, por intereses particulares, venga (el PP) a lanzar sombras de sospechas sobre el funcionamiento de nuestro Estado de derecho", advirtió la vicepresidenta primera, que se encuentra de viaje oficial en Sudamérica.
A su juicio, la "escalada verbal" de los dirigentes del principal partido de la oposición en los últimos días evidencia su "nerviosismo", por lo que les recomendó que se tranquilicen y actúen con más responsabilidad. En su opinión, los dirigentes del PP "deberían serenarse" porque "no hay conspiraciones contra ellos", sino el funcionamiento normal de las instituciones.
