´¿Quién le paga a Camps seis meses de filtraciones?´

LEVANTE-EMV/E.P. VALENCIA/MADRID Mariano Rajoy respaldó ayer las palabras pronunciadas por la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, quien acusó al Gobierno central de espiar a dirigentes "populares" mediante escuchas ilegales. "Comparto todo lo que dice Cospedal", sentenció y no descartó denunciar el asunto ante los tribunales. "Ya veremos lo que hacemos", dijo y recordó que su partido ya ha formalizado "varias denuncias en Madrid, Valencia y Canarias".
Rajoy recurrió a un texto sobre la Inquisición que pudo ver en su paseo para censurar "a los inquisidores del siglo XXI" y avisó que defenderá "el honor" de su partido "donde haya que hacerlo".
El jefe de filas del PP dijo no temer ser objeto de escuchas ilegales, pero alertó de que se trata de un hecho "contrario" a la ley e "impropio de una democracia moderna". "Que pinchen mi teléfono me tiene completamente sin cuidado, no tengo nada de lo que arrepentirme", resolvió, pero calificó de "lamentable" estar en un Estado "en el que se trata de forma diferente" a los dirigentes en función del partido al que pertenezcan.
"¿Quién le paga ahora a Camps seis meses de filtraciones? ¿Quien le resarce de esa condena? Hubiera sido menos grave una condena del tribunal por 2.500 euros", continuó y concluyó que "esto es una democracia, no una broma".
En este escenario, Mariano Rajoy advirtió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de que le hace "responsable" de lo que calificó de " inadmisibles e inaceptables" ataques a su partido por parte de las instituciones y le emplazó a dar "explicaciones convincentes" después del próximo Consejo de Ministros que se celebrará el jueves.
Rajoy dijo esperar que en el Consejo se aborde esta situación que está produciendo "verdadera alarma social" y avisó de que como presidente del PP no va a consentir que se repitan actos "inadmisibles en una democracia moderna".
Anunció que solicitará la convocatoria de una diputación permanente para que comparezcan no sólo Rubalcaba sino también la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega para explicar "su ataque de nervios" y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Así, pidió a Zapatero, del que dijo que tal vez no se haya enterado de nada porque está veraneando "en un palacete de Patrimonio Nacional", que dé orden a todos ellos de que acudan a las Cortes.