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El portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, aseguró ayer que el partido posee la grabación de una conversación telefónica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que a su juicio demostraría las escuchas ilegales a dirigentes "populares" denunciadas por su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Trillo explicó que el PP posee la grabación de la conversación telefónica a través de la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) notificó a Francisco Camps la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para investigar la presunta trama de corrupción del caso Gürtel.
El dirigente no quiso desvelar cómo había sido grabada esa conversación, aunque manifestó sus dudas de que lo hiciese el propio Camps porque "es bastante manazas". "No vamos a revelar las fuentes pero sí vamos a aportar las cintas", apuntó Trillo antes de denunciar que este tipo de notificaciones judiciales "jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía".
Según explicó, esa escucha se incluye en la denuncia presentada por el PP el pasado mes de julio contra diferentes filtraciones de secretos sumariales. En la querella también se denuncia la grabación de una conversación "de un presunto implicado" en el caso en el año 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. "Esa grabación es clara, manifiesta y rotundamente ilegal y sin autorización judicial", enfatizó.
Otra de las pruebas con las que el responsable de Justicia del PP aseguró contar para demostrar las escuchas ilegales son las informaciones que apuntaban a presiones suyas al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero a favor del presidente valenciano. Trillo reiteró no conocer al magistrado mientras que sí habla a diario telefónicamente con el abogado del PP, también apellidado Montero. "Todavía estoy esperando a que quien tiene las pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado", denunció.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó, por su parte, de "infamia gravísima" las palabras de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusando "al Gobierno y al Estado de Derecho" de haber ordenado escuchar ilegales contra dirigentes de su partido, y recalcó que esa "barbaridad" es una acusación "rotundamente falsa".
El titular de Interior atribuyó la denuncia a un intento por parte del PP de "tapar" los "presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas".
Rubalcaba salió al paso de la acusación después de seis días al cabo de los cuales, destacó, el PP no ha presentado pruebas ni una "rectificación", sino más bien una "ratificación". Según dijo, el Gobierno ha decidido responder después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya "abandonado temporalmente sus vacaciones" para "apuntalar" la denuncia de De Cospedal. "Hoy sabemos que es rotundamente falsa -dijo Rubalcaba- porque si hubiera habido pruebas habrían corrido a llevarlas al juzgado y las habrían hecho públicas".
En este sentido, arremetió además contra la forma en que la número dos del PP hizo su denuncia, "con el jefe de la oposición en el chiringuito y ella en la playa". El ministro tachó las palabras de De Cospedal de "infamia", "calumnia", "disparate del verano" y "la declaración más infamante que se ha producido en muchos años en la democracia española". "Con toda rotundidad, el Estado de Derecho no está investigando al PP", manifestó Rubalcaba, subrayando que "los jueces, los fiscales y los policías investigan a presuntos corruptos que también existen en el PP, investigan a esos y a los de cualquier otra formación política".
La secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, dijo que la carrera política de Camps y Barberá "tiene los días contados" porque los valencianos no se merecen "unos dirigentes que mienten y avergüenzan todos los días". Martín criticó las "mentiras" que los dirigentes del PP están difundiendo sobre los representantes socialistas.
Trillo apunta al
segundo de Barberá
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, apuntó ayer al ex secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Álvaro de la Cruz como el objetivo del requerimiento efectuado por la policía judicial sobre los contratos firmados con una empresa relacionada con la trama de Correa. Trillo explicó que el objetivo de la policía al personarse ayer en la sede de la FEMP era conocer la capacidad del que fuera secretario general de la institución durante la etapa de mandato de Rita Barberá para firmar contratos de eventos. En este sentido, calificó la intervención policial de mera "transferencia de un papel entre dos organismos oficiales" e insistió en desvincular del asunto a la alcaldesa de Valencia. "Se está intentando utilizar su nombre cuando se ha caído el presidente valenciano. Ya se dijo que había recibido regalos de bolsos y ella no ha recibido nunca regalos de ese tipo".
"Es responsable de los contratos de Gúrtel"
El secretario de Política Municipal del PSPV-PSOE, José María Ángel, dijo que Barberá es "la responsable de sus contactos y contrataciones con empresas de la trama Gürtel", cuando presidía la FEMP. Ángel denunció la "opacidad de la gestión de Barberá" al frente de este organismo y la acusó de "exportar el modelo de gestión del PPCV a Madrid". "Ha sido la mala cabeza de la alcaldesa y sus malos contactos lo que le ha llevado a la situación en la que ahora se encuentra y no una conspiración de jueces, Fiscalía o PSOE", afirmó.
El concejal Alfonso Grau dijo que pretender implicar a la alcaldesa es una "maniobra absolutamente sucia y despreciable". Precisó que el secretario general de la FEMP no es de designación directa del presidente, sino que es nombrado por la Comisión Ejecutiva, y dijo que resulta "una falsedad" utilizar la petición de documentos para decir que era el número dos de Barberá.
