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R. F./J. G. G. VALENCIA
Un portavoz de la Agencia de Protección de Datos aseguró que la denuncia por el supuesto abuso de las cámaras de seguridad no tiene precedentes. La entidad ha tramitado quejas por el uso de cámaras particulares, pero no por grabaciones de seguridad de edificios públicos. La utilización de las videocámaras está muy controlada para prevenir que invadan el derecho a la intimidad. La Agencia de Datos todavía no ha abierto una investigación por el caso de Valencia.
Los responsables de seguridad del complejo parlamentario han insistido en que no se graban los domicilios. Un portavoz autorizado explicó que la mayoría de las cámaras están capadas para no captar las viviendas. Sin embargo, algunas sí que alcanzan los primeros pisos. Dos vigilantes controlan a la vez cuarenta monitores que reciben imágenes de noventa y seis cámaras instaladas en el interior y el exterior del edificio.
El ex guarda de las Corts ha denunciado a los dos agentes y a sus dos ex compañeros de la empresa Garda como presuntos responsables de un delito contra el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, que está castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel. El denunciante ha reclamado al juez que tome declaración en calidad de testigos a varios ex compañeros que, según él, conocen los hechos.
Además, pidió al magistrado de guardia de Valencia que como medida cautelar ordene que no se destruyan las grabaciones registradas en el disco duro del servicio de seguridad de las Corts y que las visione para comprobar que los hechos son ciertos.
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