La intimidad es cada vez más vulnerable ante la proliferación de la videovigilancia. La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- está extremando los controles para evitar abusos como el denunciando por un ex vigilante de las Corts que aseguró al juez que las cámaras del complejo parlamentario se han utilizado para espiar a mujeres y vecinos. Veintitrés mil entidades de toda España han comunicado en los últimos tres años a la AEPD que disponen de sistemas de videograbación. El problema es que incluso se desconoce el número de cámaras que hay en la Comunitat Valenciana porque gran cantidad de pequeños establecimientos como tiendas o peluquerías no han regularizado su sistema de seguridad.
El 98% de las cámaras instaladas en las calles valencianas son de empresas privadas. El último informe anual de la Agencia de Datos advierte de que es un "fenómeno imparable". Las reclamaciones relativas a la videovigilancia se triplicaron en 2008 con respecto al año anterior. La institución tenía a final de año 635 expedientes abiertos e impuso 44 sanciones a usuarios que colocaron cámaras que graban más allá de lo razonable. Una de las últimas sanciones -fechada el 1 de junio- es contra un centro comercial que deberá pagar 60.000 euros por extralimitarse con las grabaciones exteriores.
Una constructora coruñesa fue denunciada después de que trascendiera que utilizó las cámaras de seguridad para comprobar qué parte de la plantilla permanecía en su puesto de trabajo durante una reunión sindical. Las cámaras llegaron a captar imágenes de directivos en reuniones para negociar la adquisición de nuevas sociedades para el grupo inmobiliario. El sistema incluso grabó en el exterior los encuentros sexuales de una pareja, una práctica expresamente prohibida por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Los ayuntamientos comienzan a considerar la videovigilancia como la panacea en su lucha contra el vandalismo y la delincuencia. El Ayuntamiento de Xàtiva acaba de recibir la autorización de la Delegación del Gobierno para instalar cámaras en sus edificios públicos. Los dispositivos permitirán controlar vías concurridas en las que se cometen hurtos, se trafica con drogas y se producen actos vandálicos. La Concejalía de Playas de Valencia estrenó hace dos semanas tres cámaras en Las Arenas y justificó que eran necesarias para incrementar la seguridad.
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según confirmó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia, se va a hacer cargo de la denuncia por el supuesto uso del sistema de videovigilancia del complejo parlamentario para captar imágenes obscenas de mujeres que transitan por la calle. El denunciante, Francisco Calandra, pidió al juzgado que ordenara que no se destruyan las grabaciones. Sin embargo, los responsables policiales de la cámara ya han advertido de que las imágenes no existen porque la ley impide almacenarlas más de un mes.
El ex vigilante, como ha venido informando Levante-EMV, ha acusado a dos ex compañeros y a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Autonómica de utilizar las cámaras "para enfocar de manera continua a mujeres, parejas haciendo el amor e incluso domicilios particulares". El denunciante reproduce comentarios supuestamente realizados por los acusados como: "A esa negra la abriría en canal y me la fo..", "a esa le metería la p... entre los pechos", "ahora enfócale la matrícula a esa chica" o "esa tía lleva tanga y esa otra compresa". Los responsables policiales de las Corts han negado los hechos. Sin embargo, la Conselleria de Gobernación ha decidido abrir una investigación para esclarecer la denuncia.
La Agencia de Datos no tiene precedentes de un caso como el denunciado en Valencia. El caso más polémico conocido hasta ahora ocurrió en noviembre cuando el instituto de Abastos colocó cámaras en los cuartos de baño. La presión de los estudiantes obligó a los responsables del centro a retirarlas.
Comunicó los hechos a Camps y Rita Barberá
El ex vigilante de seguridad envió hace un mes sendas cartas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para comunicarles los supuestos abusos cometidos por dos guardas y dos policías de la Cámara. Además, informó de las trabas que había tenido para trasladar los hechos a sus superiores. En el Parlamento lo único que queda son los partes con la revisión de las grabaciones efectuada a raíz de que el ex guarda denunciara el uso de las cámaras para ver "tetas y culos". Los responsables policiales del Parlamento valenciano aseguran que no hallaron indicios del uso indebido.
