NOELIA MOLANES PONTEVEDRA
Un presunto fraude contraído por una agente de seguros gallega, Pilar P. G., supera ya los 20 millones de euros y tiene ramificaciones en la Comunitat Valenciana. En los últimos días varias personas en Galicia han formado un grupo de afectados. Los denunciantes han contratado y pagado pólizas que presuntamente no se han formalizado, y han invertido en fondos inexistentes. De momento, no ha trascendido si hay víctimas en Valencia. La conexión es que la acusada podría haber utilizado a corredores de seguros de Valencia como puente ya que no trataba directamente con las aseguradoras.
Los supuestos actos fraudulentos de mayor envergadura se habrían cometido a través de los planes de inversiones, en los que se ofrecía a los capitalistas una rentabilidad anual del 10%. Con este gancho, las cantidades recaudadas suman hoy cifras astronómicas. Algunos afectados afirman que existen casos con inversiones de capitales que superan el millón de euros. Además, se multiplica el número de clientes que denuncian gestiones de más que dudosa legalidad por parte de la agente y que se han puesto en contacto con el promotor de la plataforma José Luís Caíño para unirse a la demanda. El primer cliente que alzó la voz contra esta supuesta estafa calcula que ya son más de 60 personas las dispuestas a actuar conjuntamente y denunciar los hechos. Una de estas nuevas incorporaciones interpuso una denuncia en los juzgados de Cangas en el mes de enero y asegura que la Fiscalía investiga el caso.
El colectivo de afectados ha hecho un "llamamiento" a los clientes de la gestoría que hayan sido "defraudados", ya que, como denuncian, el principal problema es que la agente sigue operando en la zona de O Morrazo, en la provincia de Pontevedra. "A finales de junio captó unos 30.000 euros a dos clientas de Marín", asegura uno de los miembros del colectivo.
El caso lo denunció José Luis Caíño, quien descubrió a través de un control de la Guardia Civil que su vehículo no tenía seguro. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la agente Pilar P. G. pero no responde a ninguno de los teléfonos de atención que ha dejado colgados en la puerta de su oficina en Cangas, ahora cerrada.
Una de las principales dificultades de este caso es que algunos de los clientes afectados por esta supuesta estafa no están dispuestos a hacer su denuncia pública al tratarse de capitales invertidos en "dinero B" o "negro".