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El alcalde de Parcent, Máximo Revilla, y los otros cuatro ediles de su gobierno, todos ellos de Coalició Democràtica, están citados a declarar en el juzgado nº 5 de Dénia el próximo 2 de noviembre por la querella que contra ellos presentó la promotora Terras de l'Horta, S.L., por paralizar tres PAI que sumaban 1.800 nuevas viviendas. Esta mercantil, que impulsó uno de esos tres planes urbanísticos y que también tiene presentado un recurso contencioso-administrativo, pide en la querella la detención y prisión de los cinco concejales y del secretario municipal o libertad provisional con fianza.
En realidad, los ediles de Coalició Democràtica de Parcent, partido que gobierna con mayoría absoluta, no han anulado los PAI, que el anterior gobierno del PP sí aprobó inicialmente, sino que, en un pleno de octubre de 2008, solicitaron la devolución a la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo de toda la documentación referente a estos programas urbanísticos, que se desarrollaban en la falda de la sierra del Carrascar.
El actual equipo de gobierno se mostró ayer confiado en que la querella de la promotora no vaya adelante. "Tenemos claro que hemos actuado en todo momento conforme a la legalidad vigente y la justicia lo dejará patente", manifestaron los ediles en un comunicado.
El alcalde y sus cuatro compañeros de gobierno, que están citados a declarar en calidad de querellados, lamentaron que "la interposición de la querella tiene la gravísima pretensión de encarcelar a los que practican la democracia".
En la querella presentada en el juzgado de Dénia, la mercantil Terres de l'Horta repasa la polémica de los PAI desde su aprobación en enero de 2006 por el entonces gobierno local del PP. Elude, eso sí, referirse a los informes negativos del Síndic de Greuges y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que advirtió de la falta de recursos hídricos para desarrollar las 1.800 viviendas. También hay informes contrarios forestales y de protección de especies de la propia conselleria de Medio Ambiente.
La promotora también alude a la vinculación del colectivo Veïns de Parcent, que se opuso firmemente a los PAI, y el grupo político Coalició Democràtica. Sostiene también que la paralización de su plan urbanístico no fue legal; no obstante, al pedir que se devolviera a la conselleria la documentación de los PAI el gobierno de Parcent se atuvo a los informes municipales. Los ediles citados son, además del alcalde, Jacqueline Claire, Fabiola Mora, Jaume Mora y Joan Carles Poquet.
