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Los centros sanitarios públicos y privados de la Comunitat Valenciana realizaron en 2008 un total de 11.590 interrupciones voluntarias del embarazo a mujeres, lo que supone un aumento de un 4% respecto al año anterior, que registró 11.160, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

De los 11.590 abortos practicados el pasado año, 11.237 se efectuaron a mujeres con residencia en la Comunitat Valenciana, mientras que el resto procedía de otras comunidades -siendo mayoritaria de pacientes de Murcia (141), seguida de Castilla-La Mancha (87) y Aragón (41), entre otras-.

Dentro de la Comunitat, un total de 3.848 interrupciones de embarazos se realizaron a mujeres en centros de la provincia de Alicante, lo que constituye un 34% del total y supone una proporción similar a la registrada el año anterior.

Casi la totalidad de los abortos realizados bajo los supuestos legales se practicaron en centros sanitarios privados, con o sin concierto con la Conselleria de Sanidad, ya que apenas un 6,1% de ellos -703- se efectuaron en hospitales de la red pública. La cifra es incluso un punto inferior al pasado año, en que la pública concentró el 7,2% de estas intervenciones.

Un 6% de las mujeres que interrumpieron su embarazo era menor de edad, según la Conselleria de Sanidad, que cifra en 703 los abortos en este grupo de edad, 53 de ellos en menores de 14 años. El año anterior fueron 688 las menores y 58 las que tenían menos de 14 años. Las franjas de edad mayoritarias que optaron por frenar su embarazo fueron entre los 25 y 29 años -24,8%-, de 20 a 24 años -23,6%- y de 30 a 34 años -20,1%, frente al 12% de 35 a 39 años y un 5% de más de 40 años.

Bronca PP-PSPV por la Ley de Maternidad

La diputada socialista en Les Corts Valencianes, Consuelo Catalá, ha criticado que la Ley de Protección de la Maternidad proponga que las embarazadas reciban clases en casa ya que entiende que el Consell las intenta "esconder para que no den mal ejemplo". Para la diputada, el hecho de que se las trate "como si fueran pecadoras a las que hay que repudiar" responde a la actitud de "gobernar a golpe de creencia religiosa".

Català afirma que "si esto es así, el Consell también debería garantizar, y con más razón, la escolaridad domiciliaria a los escolares que estuvieran enfermos". Además, la socialista añade que les dejó "atónitos" que el vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, calificara la Ley de Protección a la Maternidad como "progresista". La diputada indica que su partido "está a la espera de los decretos que van a desarrollar la ley" porque "por ahora no hay ni una partida presupuestaria" y "las únicas ayudas para garantizar el derecho a la maternidad las da el Gobierno central".

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular, Andrea Fabra, asegura hoy que es "incomprensible" que las mujeres socialistas rechacen las opciones que concede la Ley y pide al PSPV que "rectifique" y "pida disculpas" por las críticas. "Catalá debería de dejar de retorcer la normativa porque la Ley ofrece una posibilidad más, no es una imposición a la mujer embarazada", asegura.