?
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmó ayer en una entrevista concedida a Europa Press, a Francisco Camps y a Rita Barberá como candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales. El PP tendrá una reunión, durante el mes de septiembre, con presidentes provinciales y regionales para comenzar a preparar las elecciones municipales y autonómicas de 2011. La intención manifestada por Rajoy es "llevar a los mejores", pero consideró que es "pronto" aún para hablar de candidatos.
Sin embargo, al ser preguntado si Camps y Barberá repetirán, exclamó: "Desde luego que sí, no tengo la más mínima duda". En este sentido, quiso dejar claro que "en Valencia, la gente está con el PP y con el señor Camps" porque, añadió, "saben que han sido objeto de un ataque profundamente injusto y celebro que los tribunales le hayan dado la razón".
Los casos de presunta corrupción en los que se han visto envueltos Camps y Barberá no serán óbice para que vuelvan a presentarse a los comicios. La confirmación -extraoficial pero rotunda- de Camps como cartel electoral, por parte de su jefe de filas, se conoció ayer 23 de agosto, apenas 21 días después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que absolvió al líder de los populares valencianos de un delito de cohecho por haber recibido una serie de regalos -trajes, pulseras, juguetes caros...- de los responsables de la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Por su parte, Rita Barberá habría recibido un bolso de Louis Vutton de la trama corrupta, según consta en una de las grabaciones del sumario.
El juez instructor de la causa, José Flors, encontró numerosos indicios de la existencia del cohecho, pero no investigó si los regalos se hicieron a cambio de los contratos adjudicados a Orange Market por parte de la Generalitat Valenciana y de diversos organismos dependientes de ésta. Por ello, el PSPV y la Fiscalía Anticorrupción van a recurrir la decisión del TSJ-CV ante el Tribunal Supremo. Como ha venido relatando Levante-EMV, la empresa de El Bigotes logró unas 40 adjudicaciones de las administraciones valencianas y contratos relacionados con el Partido Popular en la Comunitat.
Barberá y la FEMP
Asimismo, la ratificación de Barberá como aspirante a la alcaldía de Valencia en 2011 se produce 12 días después de que el juez Antonio Pedreira, instructor de la causa por la ramificación madrileña del caso Gürtel, reclamase la relación de contratos firmados con once empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la federación estuvo presidida por la alcaldesa de Valencia.
La FEMP revisó todas las actas en esta etapa, y sólo halló facturas, pero no contratos. Esos contratos suman cerca de un millón de euros y fueron firmados por Álvaro de la Cruz, que era secretario general de la FEMP cuando Barberá la presidía. De la Cruz aparece en la caja B -la contabilidad de pagos en dinero negro- donde la trama dirigida por el empresario Francisco Correa apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores.
Por su parte, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, afirmó ayer que Rajoy, "es cómplice de los imputados en el caso Gürtel". Además, lleva "demasiado tiempo amparando a los imputados en los casos de corrupción que afectan al PP" en comunidades en las que gobierna. Hernando acusó al Rajoy de "tapar la corrupción del PP deslegitimando las instituciones".
Los populares estudian llevar las "escuchas
ilegales" al Tribunal de Estrasburgo
El Partido Popular está estudiando si es posible recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que considera una "persecución" por parte del Gobierno contra los militantes de su partido, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección popular. Desde que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunciara, a principios del mes de agosto, las sospechas de que había teléfonos de dirigentes del PP que estaban pinchados, los populares están estudiando qué medidas judiciales adoptar. Rajoy, tras respaldar la denuncia de la dirigente popular, recordó que ya han emprendido algunas acciones judiciales y que "no renuncian a nada", pero no quiso desvelar qué otro tipo de actuaciones podrían llevar a cabo en el ámbito judicial.
Entre las posibilidades que están estudiando está recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Entre otros argumentos, alegan que las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a sus militantes está provocando que haya "juicios paralelos" en los medios de comunicación y que los imputados aparezcan como culpables ante la opinión pública antes de que se pronuncie un tribunal. En este sentido, argumentan que precisamente sobre los "juicios paralelos" ya se ha pronunciado el citado Tribunal Europeo. La Corte ya advirtió ya del peligro que supondría que la sociedad "se habituara al espectáculo de los pseudo-juicios en los medios de comunicació", ya que a largo plazo, esto podría traer "consecuencias nefastas para el reconocimiento de los tribunales como los órganos capacitados para determinar la culpabilidad o inocencia" de un acusado en un proceso penal. Así lo expone, por ejemplo, en el caso Sunday Times contra Reino Unido en 1979 y más recientemente en la sentencia del caso Worm contra Austria del 29 de agosto de 1997, en la que Estrasburgo avaló el dictamen del Tribunal de Apelación austriaco, que condenó a un periodista a una multa por "influencia abusiva en un procedimiento penal".
