LEVANTE-EMV VALENCIA
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La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años, residente en Alicante, que vivió una situación de repetidas amenazas y acoso psicológico en varios centros educativos. Así lo ha propuesto en un dictamen el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que aprecia que existe responsabilidad patrimonial por parte de la Administración educativa. Las repetidas agresiones causaron en la niña un estrés postraumático, con el consiguiente daño moral, considerado "imposible de de soportar juridícamente" por la niña.
La alumna sufrió acosos por parte de algunas compañeras durante tres años, iniciándose los mismos en el curso 2004-2005. Ante esa situación, su madre expuso a la dirección del centro el proceso, agudizado por momentos hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar", según afirma la propia madre de la víctima.
Hechos infravalorados
El director del instituto decidió, en ese momento, separar a las agresoras de la niña agredida, considerando como única solución el cambio de grupo, al entender que se trataba más de un "posible rechazo" que de acoso. Dicha situación condujo a que los padres solicitaran un cambio de centro escolar, y trasladaran a su hija a otro IES para el curso 2005-2006, en el que también habría recibido insultos y amenazas por parte de distintas alumnas.
Tras tres denuncias a la Guardia Civil, por parte tanto de la familia como del centro, y la puesta en conocimiento del Inspector de Educación de Alicante, éste habló con el director del centro y le manifestó "que no había para tanto" y que "aquellas chicas eran buenas", según consta en el informe del CJC.
Por todo ello, dicho órgano consultivo de la Generalitat opina que los responsables de los centros educativos "no dieron suficiente importancia a los incidentes", puesto que, en ningún momento "se consideró que los hechos tenían la consideración de acoso escolar".
Pese a que los padres reclamaban una indemnización de 63.421 euros, el CJC considera, basándose en varios informes, que la indemnización por los daños debe ser de 3.900 euros.