Los altos cargos tienen derecho a cobrar tres sueldos cuando cesan y los parlamentarios, 24

F. ARABÍ VALENCIA Bregar sin tregua en defensa de los intereses generales de los ciudadanos, sin tener horario ni vida familiar nunca está suficientemente recompensado en la nómina, pero como en otras injusticias, en ésta también hay mecanismos legales correctores. Por ejemplo, los parlamentarios tienen exentos de tributar en el IRPF un tercio de sus ingresos, al ser considerados como una indemnización para gastos propios del ejercicio de su función. Al margen de otras dádivas y prebendas, los diputados autonómicos tienen reconocido desde octubre el derecho al cobro del finiquito, una indemnización que alcanza el pago de una mensualidad por cada año de ejercicio con un tope de 24 pagas.
El destituido letrado mayor de las Corts objetó contra esta medida al subrayar, entre otras consideraciones, que una iniciativa así debía constar en la Ley de Presupuestos de la Generalitat y no podía ser legislada simplemente al amparo del reglamento de las Corts. De hecho, es en la norma que regula las cuentas públicas autonómicas donde consta el derecho, asentado desde la etapa en la que el PSPV gobernaba, de todos los altos cargos a percibir hasta tres mensualidades íntegras una vez cesan en su puesto. Estas tres pagas se conceden siempre que el interesado no se incorpore a un nuevo puesto de trabajo y en concepto de ayuda a la vuelta al sector privado, dando por hecho que alguna vez han ejercido en el mercado laboral. Esta paga se concede a los ex presidentes de la Generalitat (cuyo sueldo anual asciende a 79.548,12 euros según la Ley de Presupuestos), a los vicepresidentes autonómicos (67.764,36 euros anuales), que cobran los mismo que el resto de los consellers, y también a todos los secretarios autonómicos (63.984,96), así como a los directores generales, que perciben menos de 60.000 euros al año.
En los presupuestos de la Generalitat que rigen en el presente ejercicio, el Consell decidió congelar el sueldo de los altos cargos como gesto político en plena crisis económica.