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Negarse a avalar la legalidad del pago de finiquitos a una veintena de ex diputados -por importe de unos 700.000 euros- no es la mejor inversión en estabilidad laboral para quien ocupa una plaza que depende precisamente de la voluntad del gremio de parlamentarios. Y es lo que hizo el hasta ayer letrado mayor de las Corts, Javier Guillem, cuando adjuntó sendos informes contrarios al abono de las indemnizaciones en los expedientes de los parlamentarios beneficiarios de una indemnización cuyo derecho fue reconocido por la Mesa de las Corts el pasado mes de octubre. La negativa de Guillem obligó a la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, a forzar en junio una esperpéntica marcha atrás en la decisión de conceder las pagas, minutos después de ser aprobadas en el órgano de gobierno de las Corts.

Martínez quiso evitar así cruzar la barrera de la prevaricación. Aquel episodio fue la última palada que Guillem dio a su tumba profesional y la ruptura definitiva de las relaciones con la presidenta y un PP que paradójicamente lo encumbró, a través del anterior presidente de las Corts, Julio de España, al puesto de máximo responsable de los servicios jurídicos apenas seis meses después de lograr la plaza y pasando por delante de veteranos letrados de la casa. Ayer, Milagrosa Martínez comunicó su propuesta de destitución en la reunión matinal de la Mesa, que la refrendó con los tres votos del PP y en presencia del defenestrado, quien, según algunos de los presentes, agradeció impasible "los seis años de trabajo y colaboración de todos". A la posterior reunión de la Junta de Portavoces ya no acudió Guillem y ofició como letrada mayor Julia Sevilla, la decana de los siete letrados de las Corts. Sevilla se jubilará en febrero y, según varias fuentes, el puesto podría ocuparlo Francisco Visiedo, el siguiente en el orden de la veteranía y sin duda uno de los más preparados, si bien algunas fuentes indican que en el PP no acaban de fiarse políticamente. Por eso apuntan la posibilidad incluso de que los populares promuevan una reforma urgente del reglamento de la Cámara para abrir la puerta a poder elegir el letrado mayor entre juristas de otros parlamentos.

El PSPV votó en contra de la destitución de Guillem no por considerar injusta la medida -"a dedo lo pusieron y a dedo lo quitan", explicaron fuentes socialistas- sino para "no facilitar el camino de ir colocando afines al PP en el equipo jurídico de las Corts". Los populares ya trasladaron una propuesta al Consell de Personal de la Cámara en la que, junto a la convocatoria de tres plazas de letrado, se plantea modificar los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de las Corts para, entre otras cosas, modificar la composición de los tribunales de evaluación de tal forma que, por ejemplo en las oposiciones a esos tres puestos de jurista, los miembros del tribunal sean controlados por el PP. Con la actual normativa no controlan ni la mitad del tribunal.

Antes de reunirse, la presidenta llamó a los dos representantes socialistas en la Mesa, Isabel Escudero y Antoni Such, para explicarles que la "incomunicación" con el letrado mayor y la "parálisis" de diversos asuntos de su competencia era "absoluta" y hacían necesario un cambio. El no del PSPV fue, así pues, un no político porque no podía ser un sí. A fin de cuentas, la oposición de Guillem a que los diputados cobren una indemnización es vista como una amenaza a los intereses corporativos de sus señorías, quienes consideran que el derecho a cobrar una ayuda para hacer la transición entre la vida pública y la inserción laboral en el sector privado -así se justifica el finiquito- es una cuestión de Estado que trasciende ideologías y las siglas políticas.

Con los finiquitos como telón de fondo, los reproches al hasta ayer letrado mayor se cruzaban desde uno y otro lado. Mientras el PP le echaba en cara hasta que obligara a Milagrosa Martínez a conceder el amparo al socialista José Camarasa, desde el PSPV le reprochaban no estar "a la altura del cargo porque lo eligieron estando más verde que nadie y por afinidad al PP".

Esperando respuesta y una transferencia

Son una veintena los ex diputados que tienen reconocido por las Corts el derecho a cobrar una indemnización por cese en el puesto. Y no se han dormido. Varios de los beneficiarios explicaron a este diario que siguen esperando respuesta de la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, a los escritos -entregados en el registro de las Corts en abril y mayo, según los testimonios recabados- en los que solicitaban la indemnización. Por ahora, no hay respuesta ni transferencia bancaria. Algunos diputados ya amenazaron en denunciar a la presidenta en los tribunales por presunta prevaricación. La abogada de la popular Estefanía Martínez se enfrentó a Milagrosa Martínez cuando ésta le negaba documentación.