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FRANCESC ARABÍ
La maduración de la venganza por el «marujazo», que tanto desgarro provocó en el socialismo de Benidorm y que lo sumió en la inopia de la oposición, no alcanzará la mayoría de edad. El próximo 22 de septiembre, dos meses antes de que se cumplan los 18 años de la moción de censura que apartó al PSPV de la Alcaldía y catapultó al estrellato al popular Eduardo Zaplana, los socialistas volverán al gobierno por el mismo atajo: la moción de censura. Si aquella vez la tránsfuga era Maruja, esta vez se llama Pepe.
El desertor del PP, José Bañuls, y los doce ediles socialistas en bloque presentaron en el registro de entrada municipal ayer, a las 10,30 horas, la condena a muerte del alcalde Manuel Pérez Fenoll, que no salió de su despacho en toda la mañana. La moción, que dará la vara de mando al portavoz socialista Agustín Navarro —si el mercadeo de compras de voluntades de ediles no florece estos días en territorio fenicio—se ejecutará «a las doce horas del décimo día hábil» desde que se presenta la iniciativa, según establece la Ley orgánica 8/1999 de Régimen Electoral.
El espíritu que llevaba todo el verano incordiando en forma de amenaza al alcalde popular, a la dirección del PSPV y hasta a la federal, se manifestó con toda la escenografía y guión propios de estas efemérides. En su comparencia ante la prensa, Navarro tiró del manual. Dijo que la medida es «constructiva», que han actuado «en conciencia» y que el municipio no puede seguir embarrancado en la «parálisis» y el «desgobierno» por culpa de un alcalde «ocupado en la política interna de su partido». Con razón o sin ella, lo mismo que dijo Zaplana en 1991 o el beneficiario de la moción de Benilloba, en enero de 2005. Para cerrar el argumentario, el virtual alcalde juró bandera local. Antes benidormeros que del PSPV: «Teníamos que elegir entre la disciplina del partido o nuestra ciudad».
Ajuste de cuentas comarcal
La deserción de Bañuls abrió el apetito socialista para pergeñar la moción de censura. El hígado resentido en el socialismo de la Marina tras las mociones de Dénia y Calp con las que hace apenas un año el PP les fulminó a dos alcaldes (Paqui Viciano y Lluís Serna) y la expectativa de un PP local que en la intemperie se le caerán las tiritas que han medio sujetado su división (entre zaplanistas-afines al ex alcalde Pérez Devesa y campsistas, con el patriarca Barceló de por medio) hicieron irresistible desencadenar el asalto.
En la alineación de los firmantes figura Maite Iraola, madre de la secretaria de organización federal del PSOE, Leire Pajín, quien, como si la puesta en escena estuviera pactada, menos de 72 horas antes de que prendiera la traca y en la víspera de la visita de Blanco a Valencia pronunció sus más enérgicas declaraciones de condena a las mociones con tránsfuga.
No lo reconocen oficialmente, pero la coreografía ha sido consentida por Ferraz. Porque nunca una iniciativa tan rebelde construyó mejor coartada para el jefe. Lo primero que anunciaron ayer los presuntos insurrectos es que hoy mismo pedirán su baja en el PSPV. Evitarán así a Leire Pajín todos los trámites y el desgaste político añadido en el farragoso proceso habitual: expediente, baja, alegaciones... En fin, que el suicidio ahorra los costes políticos del juicio. «Habían hablado con Ferraz la fórmula elegida para irse», reconoció ayer una fuente oficial. Hasta el camino de vuelta, cuando escampe la tormenta, podría haberse dibujado según algunas fuentes de Blanquerías. Es más, los integrantes del grupo socialista actuarán desde el gobierno local «siendo fieles a los principios y convicciones que representan las siglas bajo las que fuimos elegidos». Fuentes socialistas indicaron ayer que la madre de Pajín y sus compañeros, empezando por el futuro alcalde Navarro, se sentirán representantes del PSOE en Benidorm, algo así como los doce apóstoles de Zapatero en la capital de la Marina Baixa. Por algo José María Pajín, padre de la tres federal, es amigo desde hace años del presidente, quien ayer declinó pronunciarse.
Pese a que Agustín Navarro dijo que habían hablado con las tres direcciones (provincial, nacional y federal) y que todas les habían conminado a no dar el paso, las complicidades no han sido ni parecidas. La iniciativa supone, respecto a Alarte, un desafío tan enérgico y contundente como había sido, desde el minuto uno, la amenaza del líder del PSPV de expulsarlos si compartían carro con el tránsfuga.
El episodio benidormí viene a ser algo así como el inicio de los trámites de divorcio entre Alarte y Pajín, que se casaron por fuerza mayor en el XI congreso del PSPV y en régimen de separación de bienes y al poco se separaron, una vez cautivo y desarmado el lermismo. Es la peor crisis a la que se enfrenta Alarte desde que llegó a la cuarta planta de la sede de Blanquerías.
Nadie pide que devuelvan el acta
No extraña la tibieza de la federal, que ni siquiera reclamó la devolución de las actas. En un comunicado y también por boca de Leire Pajín, en RNE, y Antonio Hernando, estuvo muy blanda. La nota oficial pedía a los concejales «que reconsideren su actuación». Sin más. Hernando fue el elegido por Blanco para que saliera a dar la cara, después de que Alarte llamó al vicesecretario del PSOE pidiendo que alguien echara un capote desde Ferraz. Tras la condena de rigor al pacto con los tránsfugas y tras exponer que en el PSOE no se mira el apellido a la hora de aplicar la disciplina, Hernando iba a proclamar, según anunció Ferraz, que los doce concejales socialistas no volverán jamás a presentarse con el logotipo del puño y la rosa.
Cuando apareció el comunicado público, el titular se dedicaba a arremeter contra Mariano Rajoy y el PP contra la supuesta tradición de beneficiarse de los tránsfugas. La presidenta del comité que aprueba las listas es una tal Leire Pajín.
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